La diputada Paty Jiménez Delgado presentó la iniciativa de reformas a la Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado, con la finalidad de dar claridad en su contenido y evitar posibles abusos de los funcionarios públicos derivados de una mala interpretación de la ley en el tema de los porteadores.
La Ley para el control de bebidas con contenido alcohólico del Estado, define el concepto de “porteador” como la “persona física o moral con permiso para transportar bebidas con contenido alcohólico propias o ajenas, a negocios debidamente autorizados”.
El mismo ordenamiento jurídico, dispone que “los vehículos autorizados para la distribución y transportación de bebidas alcohólicas deberán obtener licencia para su actividad, así como el permiso de la Dirección Municipal de Seguridad Pública o su equivalente, debiendo quedar registrados en el padrón oficial y ostentar un letrero visible que contenga el número del permiso y la razón que los identifique como porteadores de dicho producto.”
Pese a que en el artículo 42 se establece que “los propietarios de los establecimientos a los que se refiere esta Ley, con licencia debidamente otorgada y que requieran transportar por si mismos sus productos, podrán hacerlo de acuerdo a las guías o facturas que los amparen”, en diversos municipios del Estado.
Sin embargo, en algunos los inspectores han llegado al extremo de solicitar a los conductores de los vehículos la presentación de las licencias de porteador para cada vehículo, o en el mejor de los casos la licencia de porteador de la empresa, y si no la presentan inmovilizan el vehículo, junto con las mercancías, además de imponerles una multa.
Si bien es cierto que se debe tener el control adecuado en la producción, distribución y comercialización de las bebidas alcohólica, esto se debe hacer apegados a derecho para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la interpretación de los textos legales, por lo que es necesario hacer precisiones en la redacción de los preceptos mencionados con el fin de dar claridad y evitar posibles abusos derivados de una mala interpretación de la Ley.
