- Necesario plasmar sanciones ejemplares para quien cometa algún delito contra mayores de 65 años; diputada.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Verónica Pérez Herrera, propuso reformar el Código Penal del Estado, para aumentar las penas por el delito de fraude, cuando este se cometa en contra de persona de 65 años o más.
“Los beneficios que se pueden brindar a los adultos mayores, no se agota en las variantes de apoyos en monetario o mediante programas de gobierno que comprenda ayuda en vivienda, canasta básica o medicinas, que sin demeritar, pueden ser reforzados con la legislación y penas ejemplares para quien cometa algún delito en contra de estas personas”, resaltó.
Al realizar la ampliación de motivos, explicó que con el tiempo merma de las capacidades físicas y cognitivas que experimentan las personas adultas mayores, en algunas ocasiones llega a propiciar que no cuenten con las capacidades que les permitan defender sus intereses de buena forma o repeler una agresión verbal o física de manera que mantengan a salvo su dignidad e integridad.
Al ser considerado como uno de los grupos vulnerables y una vez que la iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia, la legisladora dijo que las políticas públicas que tienen injerencia directa o indirecta en la vida pública de las y los duranguenses, deben estar orientadas a conceder una mayor protección a ese grupo.
Pérez Herrera, agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el documento “Sobre los Derechos de las Personas Mayores”, establece que la situación de este sector de la sociedad debe ser estudiada por las y los juzgadores para garantizar plenamente el acceso a la justicia de dichas personas, por lo que la celeridad en los procedimientos, entre otras, resulta vital para lograr este objetivo.
Además, el análisis y discusión que se haga de los derechos de las personas mayores contribuye a su visibilización, a la toma de conciencia sobre su situación y a crear herramientas con las que hacer frente a las áreas que son un reto dentro de las instituciones estatales, para hacer efectivos los derechos de este grupo poblacional.
Por ello, consideró que se puede complementar esta afirmación, con la implementación de preceptos que consideren la obvia vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de edad avanzada, que por el solo transcurso del tiempo llegan a adquirir, en comparación con muchos agresores y delincuentes.
