La diputada Sandra Amaya Rosales, integrante de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación”, presentó una iniciativa orientada a garantizar la protección del patrimonio de mujeres y personas adultas mayores, sectores históricamente vulnerables frente al delito de despojo.
La propuesta establece mecanismos legales que faculten al Ministerio Público para solicitar de manera inmediata la restitución provisional del bien inmueble materia del despojo, siempre que existan elementos suficientes. Esta medida adquiere especial relevancia cuando las víctimas son mujeres o personas mayores de 60 años, en virtud de su condición de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, la iniciativa contempla un aumento en las sanciones penales. La pena mínima por el delito de despojo pasaría de tres meses a seis años de prisión, y la pena máxima de cinco a doce años. Se proponen también agravantes cuando las víctimas pertenezcan a sectores en situación de desventaja, como mujeres adultas mayores, madres solteras, mujeres indígenas o en situación de pobreza, reconociendo el despojo como una forma de violencia estructural.
Con esta reforma, se busca proteger el derecho humano a la vivienda y atender de manera eficaz una problemática que ha sido invisibilizada durante años. Al respecto, la diputada expresó que desde el Congreso del Estado se defenderá el patrimonio de las familias duranguenses, con el firme propósito de erradicar los abusos que por décadas han quedado impunes.
La legisladora señaló que la falta de herramientas legales para actuar de manera inmediata ante estos delitos ha provocado que muchas víctimas, en la desesperación por recuperar lo que legítimamente les pertenece, recurran a acciones que derivan en su criminalización. Esta situación, dijo, revictimiza y deja en estado de indefensión a quienes más protección requieren del Estado.
Agregó que en diversas entidades del país se han registrado casos en los que, por la inacción institucional, las víctimas terminan siendo tratadas como victimarias. Durango no es ajeno a esta realidad. La desconfianza en las instituciones, añadió, ha contribuido a la descomposición del tejido social, por lo que es urgente establecer medidas legales claras y efectivas.
La iniciativa presentada responde al compromiso de legislar con perspectiva de justicia social, bajo los principios de la Cuarta Transformación. Se trata de una propuesta con enfoque humano, que brinda una respuesta inmediata y adecuada a las condiciones reales de las personas más vulnerables.
