En busca de agilizar y humanizar el acceso a la justicia para la ciudadanía, el diputado Ernesto Alanís Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI (GP-PRI), presentó la iniciativa para expedir la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Durango, un nuevo marco legal que pretende ampliar el uso de métodos no jurisdiccionales para resolver conflictos en diversas materias legales.
La propuesta, que consta de 188 artículos, busca consolidar un sistema eficiente y accesible para resolver controversias mediante la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos, con el respaldo de profesionales especializados. Actualmente, en el estado, estos mecanismos sólo se aplican en el ámbito penal.
“Queremos que la justicia sea más cercana, más humana y eficiente. Que las personas puedan resolver sus conflictos sin necesidad de recurrir siempre a un juicio largo y costoso”, señaló el legislador priista.
La iniciativa del GP-PRI tiene como propósito crear una legislación local alineada con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el 26 de enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de garantizar una implementación homogénea y eficaz de estos métodos en todo el país.
El nuevo marco normativo permitirá aplicar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materias civil, familiar, mercantil y administrativa, ampliando de forma significativa su alcance actual.
Además de brindar soluciones más rápidas y menos confrontativas, los MASC fortalecen el tejido social, al promover la participación activa y voluntaria de las partes involucradas en la búsqueda de acuerdos.
Entre los puntos más relevantes de la iniciativa se encuentran:
- Ampliación del uso de MASC a otras ramas del derecho más allá del ámbito penal.
- Capacitación y certificación de operadores, para asegurar procesos profesionales y confiables.
- Enfoque diferencial y de derechos humanos en la atención de conflictos comunitarios.
- Inclusión de procedimientos claros y principios homologados con la legislación nacional.
- Fortalecimiento de la cultura de la paz, la negociación y la participación ciudadana en la resolución de conflictos.
El legislador recordó que la Constitución prohíbe hacer justicia por mano propia y subrayó que el deber de los órganos jurisdiccionales es impartir justicia bajo principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso. En este sentido, los MASC representan una herramienta complementaria y legítima, avalada por la ley, para dirimir controversias de forma pacífica.
“Desde el Congreso del Estado queremos ofrecer a los duranguenses alternativas reales que les permitan solucionar sus conflictos sin caer en procesos desgastantes. Esta ley es un paso decisivo hacia una justicia moderna, cercana y eficiente”, enfatizó Alanís Herrera.
Con esta iniciativa, el Congreso local busca actualizar y sustituir la Ley de Justicia Alternativa vigente desde 2005, abriendo paso a una legislación más completa, funcional y acorde con los estándares nacionales.
