El diputado Ernesto Alanís Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI e integrante de la Coalición Parlamentaria “Unidad y Valor por Durango”, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica del Estado de Durango y sus Municipios, con el objetivo de establecer un marco legal común en los 39 municipios del estado que permita atender faltas administrativas y conflictos comunitarios de manera eficiente, restaurativa y preventiva.
La propuesta plantea ofrecer alternativas a las sanciones tradicionales como multas o arrestos, mediante mecanismos como el trabajo comunitario, programas sociales o terapias, siempre que las personas infractoras lo acepten voluntariamente mediante un acuerdo firmado ante el juez. Se contempla que las sanciones puedan aplicarse incluso a personas desde los 12 años de edad.
La iniciativa reconoce que las autoridades municipales son las primeras en atender conflictos cotidianos y, por lo tanto, deben contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen. El modelo busca atender las causas sociales de las faltas, fomentar la cultura de la legalidad y propiciar la reparación del daño, más allá del castigo.
El contenido de la propuesta incluye un procedimiento claro para aplicar la justicia cívica, un catálogo de faltas administrativas y sanciones, lineamientos para programas de rehabilitación y atención a adicciones, así como mecanismos de colaboración con la sociedad civil. También se propone fortalecer el rol de los jueces cívicos y las autoridades municipales en la resolución de conflictos.
Se destaca la necesidad de capacitar jueces, policías y funcionarios, actualizar conceptos legales y aplicar procedimientos eficaces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado, a través de la acción de inconstitucionalidad 70/2019, la facultad de los congresos estatales para legislar en esta materia, incluso en ausencia de una ley federal general. Estados como Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León ya cuentan con legislación similar, con resultados positivos.
Actualmente, aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla el modelo de justicia cívica, su aplicación es irregular o inexistente en varios municipios, lo cual genera disparidad e ineficiencia en el tratamiento de faltas administrativas. Con esta iniciativa, se busca establecer un sistema más justo, funcional y humano en el ámbito municipal.
