Mucho llamó la atención, dos decisiones importantes que ya tomaron dos gobernadores morenistas contra la libertad de expresión, por un lado Alejandro Armenta que en Puebla, impulsó la Ley Contra el Ciberseguridad y que va encaminada a sancionar – hasta con tres años de prisión- a todo aquel ciudadano o periodista que insulte, agravie, ofenda o veje con intención de causar un daño emocional a sus gobernantes; mientras que Layda Sansores en Campeche, obligó a un septuagenario a retirarse del periodismo, solo por cuestionar a su administración.
Lo anterior, sí pudiera marcar precedentes peligrosos en un país que se jacta de respetar la libre expresión de las ideas, máxime en dos entidades gobernadas por la Cuarta Transformación, pues solo en el caso de Puebla, distintas organizaciones periodísticas, han expuesto que la redacción del Artículo 109 de dicha normativa, no es precisa y por ende, le va a permitir a las autoridades sensurar opiniones especialmente críticas o de periodismo de investigación que es en todo caso, lo que más molesta a quienes están al frente de las administraciones.
Otro caso es el del periodista Jorge Luis González en Campeche, el cual se ha convertido en este sexenio, en uno de los críticos más recalcitrantes a la gestión de Layda Sansores, misma que tomó la decisión de detenerlo y mandar golpearlo, al grado de que terminó hospitalizado, además de cerrar su medio de comunicación, prohibirle volver a ejercer el periodismo en su estado y además, pagar una multa por daños y perjuicios de dos millones de pesos a su aparato de Comunicación Social, solo por el hecho de haber “incitado al odio” a través de sus constantes críticas que fundadas o no, está en su derecho de expresarlas.
Fue la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual negó categoricamente que su gobierno esté planteando una política pública semejante, por lo que recordó que la Cuarta Transformación no censura a nadie y mucho menos, lo que se publique a través de plataformas digitales, algo que deberían de emular sus gobernadores en Puebla y Campeche, quienes pretenden no solamente seguir impulsando ese tipo de leyes, sino también hacerlas extensivas al resto de los estados gobernados por la 4T.
