El acceso a la información debe dejar de ser un derecho enfocado solamente para un grupo selecto y minoritario de personas.
El 28 de septiembre, es el Día Internacional del Derecho a Saber, instituido en el año de 2002, en Sofía, Bulgaria, durante un encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales de distintos países, que promovían el acceso a la información pública, entre los que se encontraba México.
El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda, de igual manera posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones.
Después la Unesco en el año 2015 en su asamblea General declara el 28 de septiembre el Día internacional del Acceso Universal a la Información, celebrándose por primera vez en 2016, sin embargo, viene siendo el mismo propósito.
En México este año se cumplieron dos décadas del ejercicio de este derecho, a partir de la publicación de la primera ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las adecuaciones legales para fortalecerlo han sido fundamentales para impulsar la apertura gubernamental, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En la actualidad el cambio democrático en México no podría entenderse sin el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la información, convertido en un factor determinante para poner en la vitrina pública y el escrutinio social el quehacer del poder político, pero sobre todo llama la atención porque se pone al descubierto aquellos actos públicos indebidos o de corrupción.
El fortalecimiento e impulso para el ejercicio del acceso a la información y el respeto al mismo, no es producto de la magia, es el resultado de la convergencia de muchos actores identificados por su lucha desde la sociedad civil, la academia, e incluso desde el mismo sector público hace dos décadas.
A pesar de todo lo expuesto, aún existen rezagos en el ejercicio de este derecho humano, que cada vez se siente más amenazado por el actual régimen de la 4ª Transformación.
De ahí la importancia y la coincidencia con Samuel Bonilla Núñez, creador del programa Transparencia para Todos, que tiene como propósito fundamental es avanzar en el uso del acceso a la información a través de la utilidad y el aprovechamiento.
Lo anterior para dejar que el citado derecho deje de ser solamente para un grupo selecto o una élite de personas y en realidad sea utilizado por el común de las personas, pero además que sea aprovechado.
Aun no se tienen los últimos datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección De Datos Personales (ENAID), es más ni siquiera se sabe si se aplicó o no, pero lo cierto es que en la del 2019, hay una caída drástica del 5.6% al 3.6% en las personas que hacen solicitudes de información en comparación con el año 2015.
Por lo anterior se deben buscar mecanismo de colaboración para que en acciones coordinadas todos los actores involucrados realmente busquen que la sociedad conozca más este derecho, pero sobre todo lo ejerza.
