“La garantía del derecho del acceso a la información es fundamental para disolver los enclaves autoritarios que pretenden sobrevivir a la transición democrática y constituyen una condición necesaria para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, así como para prevenir la corrupción y el autoritarismo”: Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 2015
Por la relevancia que reviste, el ejercicio de los derechos humanos como el de acceso a la información, resulta indispensable hacer referencia al pasado y hacer un poco de historia en nuestro país.
El derecho de acceso a la información se incorporó en este país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1977 en el artículo 6° al cual solamente se le agregaron diez palabras: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
A pesar de que en el texto constitucional se incorporó el derecho a la par con el derecho a la Libertad de Expresión, nunca fue vigente.
Tuvieron que transcurrir 25 años para que el año 2002, se aprobara la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2002 a la sazón de la alternancia en el poder luego de que el partido Acción Nacional ganó la presidencia de la República.
Lo trascendente en este proceso constructor de la base normativa del acceso a la información, sin duda fue el impulso que se dio desde la sociedad civil a través del Grupo Oaxaca, integrando por académicos, investigadores, periodistas, dueños de medios de comunicación y organizaciones quienes pusieron en la agenda política del congreso de la Unión, la creación de la primera ley en la materia,
Con el tiempo se fortaleció la Constitución y evolucionó el derecho a la información para darle paso a la gran reforma del año 2014, que le dio el estatus de órgano constitucional autónomo al Instituto de la Transparencia que se transformó en Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, INAI.
Recuerdo que, en el proceso de elaboración de la Ley General de Transparencia en el Senado de la República, muchos actores interesados en ellos participamos. En mi caso como comisionada de la Transparencia en Durango y coordinadora nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, COMAIP.
Los senadores de todos los grupos políticos, incluidos los de la izquierda mexicana a través del entonces PRD, no sólo fueron impulsores de la nueva legislación, sino que realizaron en conjunto un gran trabajo de consulta.
De manera específica cito al senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD que era el presidente de una de las comisiones dictaminadoras la de “Estudios Legislativos Segunda”, hoy funcionario del gobierno de la República.
Los partidos opositores al PRI en ese momento (2015) fueron los más interesados en que se creara una ley de transparencia que le cerrara la puerta a todas aquellas prácticas discrecionales, actos de corrupción y sobre todo aquellas acciones que eran claras violaciones a los derechos humanos y se requería para ello a un órgano garante fuerte y con suficientes facultades para evitar la opacidad.
Así fue, se aprobó una ley General de Transparencia que le dio una gran fortaleza al INAI y que sin duda hoy se encuentra en vilo ante la negativa que se da para nombrar a los 3 comisionados que faltan para completar el quorum para sesionar.
Por eso los tambores de guerra en contra del INAI resuenan, por ello es la sociedad la que debe insistir como en el 2002, en que el derecho a la información no quede inoperante al no ser garantizado por el órgano nacional.
