La generalización a escala global de leyes de acceso a la información pública refleja la construcción de una nueva institucionalidad democrática en el mundo entero: Irma Eréndira Sandoval
En la construcción de la base normativa del derecho a la información en México, a partir de la exigencia ciudadana en el año 2002, emergieron diversas voces a través de investigadores y académicos identificados algunos de ellos con el ala de la izquierda mexicana.
Así conocí a John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuando asistí a un seminario sobre acceso a la información en la Máxima Casa de Estudios Nacional, a invitación del Dr. Ernesto Villanueva.
No es desconocido la tendencia intelectual y política del Dr. Ackerman incluso allegado al circulo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado que alguien muy cercano a él, (su esposa) fue secretaria de estado la Dra. Irma Eréndira Sandoval al encabezar por un periodo breve la secretaría de la Función Pública en la administración López Obradorista.
Ambos, Ackerman y Sandoval como investigadores y académicos de la UNAM durante muchos años dedicaron sus líneas de investigación nada más y nada menos que a los temas del derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Como expertos en esos temas, seguramente celebraron que el derecho a la información en México evolucionara y sobre todo que se tuviera una legislación mucho más robusta para defender este derecho fundamental y sobre todo en esa garantía, el órgano garante no dependiera de ningún poder y por supuesto fuera un órgano constitucional autónomo como se logró en la gran reforma constitucional del 2014.
Por lo tanto, es lamentable que ahora aquellos personajes de la izquierda que demandaban la autonomía del entonces Instituto Federal de Acceso al a Información, IFAI, para evitar que fuera el presidente quien nombrara a sus comisionados, hoy por una posición intransigente tengan al INAI en la inoperancia al no nombrar en el senado a los 3 comisionados que faltan para completar el quorum, que requieren para sesionar y garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales.
Lo más grave, son las posturas asumidas por legisladores del partido en el Poder como el diputado federal Manuel Gómez Flores, quien propuso reemplazar al INAI por un instituto de Transparencia Gubernamental integrado por 3 comisionados, nombrados por un supuesto comité técnico de evaluación.
También existe otra propuesta del senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, que propuso que las funciones del INAI las absorba la secretaria de la Función Pública, fue tan burda la propuesta, que luego se retractó y propuso que sea la Auditoría Superior de la Federación quien se encargue de las tareas del INAI.
Lo que se tiene que recordar es que el INAI es un órgano constitucional autónomo y para modificarlo requieren una reforma a la Constitución que requiere las dos terceras partes tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, cantidad que no tiene Morena, por lo tanto, no es viable que sea una reforma a la ley porque sería inconstitucional.
Seguramente que la pretensión es seguir alargando el tiempo para evitar que el INAI funcione adecuadamente, pero cuando los comisionados hicieron su trabajo correctamente para que la información se diera a conocer y la cual exhibió actos de corrupción de otros gobiernos, entonces sí estaba bien todo, ahora ya no.
