“El Poder Judicial ha sido uno de los poderes públicos menos sometidos al escrutinio público. La Justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático”: Sandra Elena, investigadora.
Cuando se inició la corriente del ejercicio de Gobierno Abierto en México y en el mundo, bajo la consigna de utilizar a la transparencia, el derecho a la información, la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas para obtener un beneficio colectivo, ese esquema con el tiempo se ha venido replicando a otros ejercicios de apertura institucional.
Así se generaron mecanismos como el parlamento abierto y de manera más reciente la justicia abierta, que de manera paulatina se han fortalecido con el fin de generar mejores prácticas de apertura institucional y participación ciudadana.
Recientemente se dieron a conocer los resultados de la Métrica de Justicia Abierta, MJA, cuyo propósito principal fue generar una línea de base sobre el estado de apertura que ofrecen las instituciones y los servicios encargados de la procuración, impartición, administración y acompañamiento en los procedimientos de justicia en México, con la finalidad de proporcionar evidencia que les permita construir sus políticas de apertura.
Este índice fue realizado en colaboración entre el INAI, la organización internacional World Justice Proyect, WJP, y el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara.
En este primer ejercicio se integró un universo de autoridades que cumplieron con características de ser instituciones encargadas de impartir, procurar y administrar la justicia en México.
Otra característica es que esas instituciones que se evaluaron estuvieran dadas de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia en su carácter de sujetos obligados de la Ley y que estuvieran en funcionamiento durante la recolección de la información.
En nuestro país, medir la justicia es complicado ya que las instancias que se dedican a la impartición de justicia han sido históricamente cerradas y no están en la línea de dar a conocer los resultados de las sentencias.
Entre los hallazgos más relevantes del índice destaca que la publicidad de las resoluciones definitivas es todavía una tarea asumida y realizada sin regularidad al interior del sistema justicia, puesto que apenas alcanzó un puntaje de 0.61.
Aunque se encontró que existe cumplimiento general en la publicidad de las obligaciones de transparencia, reflejado en un puntaje de 0.99; la gestión de los archivos sigue siendo incipiente, con un puntaje de 0.24, lo cual causa preocupación en tanto los archivos son la base para la eficacia del derecho de acceso a la información.
También se encontró que la oferta de servicios digitales en el sector justicia es todavía precaria.
Este es un primer ejercicio de medición de justicia abierta, es interesante ya que efectivamente este sector se ha resistido a transparencia de sus resoluciones, sin embargo, esto debe cambiar de manera paulatina con el fin de que la sociedad conozca con claridad los criterios en los que se basan los juzgadores para emitir sus sentencias.
Sobre todo, porque en la actualidad es necesario e indispensable que el sistema de procuración de justicia sea creíble a fin de evitar que la percepción de la impunidad siga creciendo.
