El anuncio de la implementación de la credencial universal de salud, hecho desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió de inmediato un debate que no es menor; en el discurso, la propuesta suena atractiva porque se pretende garantizar que cualquier persona, sin importar su condición laboral o afiliación, pueda recibir atención médica en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS-Bienestar, desde luego es una idea que, en el papel, apunta hacia la universalidad del derecho a la salud y a corregir una fragmentación histórica del sistema, sin embargo, como suele ocurrir con los grandes anuncios de política pública, la pregunta no es si la intención es buena, sino si existen las condiciones reales para que esa intención se traduzca en resultados palpables para la población en uno de los temas más sensibles.
Igualdad.
Hay que decirlo con claridad, la credencial universal de salud parte de un principio correcto, ya que durante décadas, el sistema mexicano ha estado dividido en “compartimentos” que excluyen a millones de personas, dependiendo de si tienen empleo formal, si cotizan o si dependen de esquemas de atención asistencial; pensar en un mecanismo que permita atender a cualquier paciente en cualquier institución pública federal representa, al menos en el diseño, un avance hacia la igualdad. En un país con altos niveles de informalidad laboral, esta propuesta reconoce una realidad que no puede seguir ignorándose, la salud no debería depender de una nómina ni de un trámite administrativo, y en ese sentido la iniciativa toca una fibra sensible y necesaria.
Antecedentes.
No obstante, la experiencia reciente obliga a “encender” las alertas, porque ha quedado de manifiesto que en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se ha vuelto recurrente el anuncio de grandes proyectos que, con el paso del tiempo, no logran consolidarse como se prometió, desde reformas estructurales hasta programas emblemáticos, muchos se han quedado a medio camino o han tenido resultados muy por debajo de lo esperado. La credencial universal corre el riesgo de sumarse a esa lista si no va acompañada de una planeación seria, metas claras y mecanismos de evaluación; el peligro no está en la idea, sino en que se utilice más como un mensaje político que como una verdadera política pública de largo aliento. 
Carencias evidentes.
Otro escenario que no se debe perder de vista es, quizá, el más incómodo, pero también el más realista, pues hoy el sistema de salud pública enfrenta una crisis que no se resuelve con una credencial, porque debemos partir de que en este momento existen hospitales saturados, personal médico exhausto, falta de especialistas en regiones lejanas del país y un desabasto de medicamentos que sigue golpeando a miles de familias, a pesar de la creación de la “Megafarmacia” que solo quedó en buenas intenciones. Pretender abrir las puertas de todas las instituciones a toda la población sin antes resolver estas carencias puede terminar agravando el problema; la universalidad, sin infraestructura suficiente, corre el riesgo de convertirse en un desorden “universal”, de las largas filas y de la atención incompleta, algo que millones de mexicanos hoy padecemos.
Primero lo primero.
Si el Gobierno Federal realmente quiere que la credencial universal de salud sea algo más que un buen eslogan, el camino es claro, primero fortalecer el sistema, a la par invertir en hospitales, en clínicas, en equipo médico, en contratación y capacitación de personal, y en garantizar un abasto constante de medicamentos. Solo después de eso se puede pensar en abrir el acceso de manera plena y ordenada, de lo contrario, la credencial será un documento que promete mucho y cumpla poco. La salud pública no admite improvisaciones ni soluciones mágicas; requiere planeación, recursos y, sobre todo, voluntad para enfrentar la realidad antes de presumir la intención; creo que ahí está el verdadero reto para este gobierno si quiere avanzar en materia de salud.
