La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de no usar las camionetas de lujo que habían adquirido con recursos públicos llegó tarde, pero llegó; así lo anunció el ministro presidente Hugo Aguilar, argumentando que el gesto respondía a un compromiso con la austeridad, sin embargo, sería ingenuo pensar que esta determinación nació de manera espontánea o por una convicción ética profunda; la realidad es otra, fue la presión mediática y social la que los obligó a recular. De no haberse exhibido el exceso, hoy esas camionetas de tres millones de pesos cada una circularían sin pudor, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia del poder en México; aun así, vale la pena analizar el fondo, la forma y las reacciones que dejó este “penoso” episodio.
Un verdadero escándalo.
No fue la “reflexión” interna ni un repentino arranque de congruencia lo que frenó el uso de las camionetas, sino el verdadero escándalo, ya que la sociedad reaccionó con molestia, los medios hicieron su trabajo y la narrativa de la austeridad judicial se vino abajo en cuestión de horas, en cuanto se supo de la famosa compra de estas camionetas. En ese contexto, los integrantes del máximo órgano judicial del país entendieron que sostener la decisión era políticamente insostenible, la presión social, una vez más, funcionó como contrapeso real y este episodio confirma que, cuando la ciudadanía observa y señala, el poder se incomoda, y esto no es una victoria menor, porque aunque el retroceso no borra el error original, sí deja claro que la vigilancia pública sigue siendo una herramienta eficaz para frenar abusos, incluso en instituciones que suelen moverse en la opacidad.
Austeridad.
El discurso de la austeridad ha sido utilizado con ligereza por distintos actores públicos, y la Corte no es la excepción, decir que no se usarán las camionetas para ser austeros resulta poco creíble cuando primero se autoriza su compra. La austeridad no se proclama después del escándalo, se practica antes de firmar el cheque de la compra, y aquí el problema no es solo el vehículo, sino el mensaje, mientras millones de mexicanos enfrentan dificultades económicas, algunos ministros consideraron razonable trasladarse en unidades de lujo, eso revela una desconexión preocupante con la realidad social y alimenta la percepción de que hay élites que solo entienden la austeridad cuando ésta se convierte en una exigencia social. 
Decisión tardía.
Dicho lo anterior, también hay que reconocer lo evidente, la decisión final es correcta, no usar las camionetas es mejor que usarlas, aunque el motivo haya sido la presión, porque en política y en la vida pública, rectificar también cuenta, incluso cuando es tarde; lo deseable habría sido que la compra nunca se concretara, pero ante los hechos consumados, dar marcha atrás evita un daño mayor. Este episodio puede servir como lección interna para la Corte, si es que existe voluntad de aprender, la credibilidad institucional se construye con actos congruentes y sostenidos, no con discursos reactivos; los mexicanos quizá no exigimos perfección pero sí coherencia por parte de los entes gubernamentales y quienes hacen uso del recurso público, pues están obligados a actuar conforme a lo que se dice en la narrativa institucional.
Noroña.
Resulta llamativo que, tras la decisión de no usar las camionetas, surgieran críticas desde otros frentes, como la del senador Gerardo Fernández Noroña, quien se manifestó en contra de esta determinación, aquí la paradoja es evidente, primero se critica el gasto excesivo y luego se cuestiona que se corrija; este tipo de posturas solo abonan a la confusión y al desgaste del debate público, porque si el reclamo era la austeridad, la corrección debería celebrarse, no atacarse. La congruencia no puede ser selectiva ni depender de filias políticas, al final, lo que queda es una Corte exhibida, una clase política en permanente contradicción y una sociedad que, con razón, sigue desconfiando de quienes toman decisiones con dinero ajeno.
