Se ha insistido mucho por parte del Gobierno Federal, en la aplicación del Sistema Universal de Salud, el cual pretende, bajo un esquema de credencialización, que todos los mexicanos podamos tener derecho al servicio médico sin importar la derechohabiencia. De entrada es una buena intención, cuando existe el sustento legal, administrativo, de infraestructura y de cobertura, sin éstas, son simple y sencillamente “ilusiones ópticas” que solo quedan en el discurso; desde luego no está mal este planteamiento, y ojalá algún día podamos llegar a ese punto, el problema es que se ha hecho una costumbre exponer esos grandes anuncios cuando la realidad está a kilómetros de distancia, porque, de entrada, ni el IMSS ni mucho menos el ISSSTE tienen la posibilidad de brindar este servicio a los trabajadores que pagan por éste, mucho menos tendrán las posibilidad de recibir todavía a más pacientes. Si en este momento una cirugía con un especialista en el Seguro Social se tarda meses, incluso años, es difícil imaginar que con este esquema las cosas serán distintas.
Apuesta.
Es justo aquí donde los mexicanos debemos cuestionar a la administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, incluso desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues es una “apuesta” muy riesgosa, si hablamos de la salud de las familias mexicanas, porque se le ha dado prioridad a otras acciones de gobierno o a la implementación de apoyos sociales, con la entrega de recursos, pero la solución de fondo no es esa, porque el dinero debería implementarse en la construcción de más hospitales, y generar una mayor cobertura en todos los rincones del territorio nacional, porque de manera natural la población ha ido creciendo y, por ende, se requieren más espacios de atención. Una credencialización no viene a responder, ni siquiera en un mediano plazo, este problema grave.
Infraestructura.
El problema de fondo no es el acceso en papel, sino la capacidad real del sistema para responder a la demanda; hoy los hospitales públicos en México operan con carencias evidentes, falta de camas, de médicos especialistas, de insumos básicos y, en muchos casos, de mantenimiento adecuado en sus instalaciones. No se trata únicamente de abrir la puerta a más pacientes, sino de garantizar que, una vez dentro, reciban atención digna y oportuna, de lo contrario, lo único que se generará es una saturación aún mayor de los servicios, profundizando un problema que ya de por sí es crítico y que afecta directamente la calidad de vida de millones de personas. 
Proporcional.
Aquí es donde entra el debate sobre las decisiones presupuestales del Gobierno Federal, porque no se puede hablar de un sistema universal de salud sin una inversión proporcional a ese objetivo. La realidad es que el gasto en infraestructura hospitalaria no ha crecido al ritmo que exige la demanda, mientras que otros programas han sido privilegiados por su impacto político inmediato; la salud, sin embargo, no debería ser vista como un tema de rentabilidad electoral, sino como una obligación esencial del Estado, y apostarle a la popularidad con resultados electoreros, por encima de la funcionalidad del sistema médico, es una estrategia que, tarde o temprano, termina pasando factura.
Realidad.
Porque al final del día, más allá de los discursos y de los anuncios que suenan bien en el papel, lo que cuenta es la experiencia de los ciudadanos, y esa experiencia sigue marcada por largas filas, citas diferidas por meses y tratamientos incompletos por falta de medicamentos. Pretender que una credencial resolverá un problema estructural es, en el mejor de los casos, un exceso de optimismo; en el peor, una simulación; porque la salud no admite improvisaciones ni promesas sin sustento, porque cuando el sistema falla, no solo se afectan estadísticas, se ponen en riesgo vidas humanas, y esa es una realidad que ningún gobierno debería minimizar.
