Con un esquema de boletín informativo el Gobierno de los Estados Unidos ha lanzado una bomba mediática en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya y otras ocho personas que supuestamente estarían colaborando con diversas células del crimen organizado en México .
El misil fue directo, destructivo e impactante, aunque no se han dado a conocer documentos oficiales, ni pruebas que determinen los señalamientos de colaboración con el crimen organizado, el control de la narrativa ya no tiene de nueva cuenta el gobierno encabezado por Donadl Trump.
Sus argumentos y su redacción podrían encajar con cualquier persona que tenga un cargo público, la diferencia esta seguramente en lo que oculta Estados Unidos, y es esta delgada línea invisible entre el crimen organizado y los Gobiernos. 
Seguramente habrá una respuesta por parte de Palacio Nacional, por lo pronto, la mellado credibilidad de Rocha Moya no podría estar peor; ahora no solo esta en medio de una guerra de facciones, pues también ya Estados Unidos le tiene reservado un espacio en sus comunicados para seguir atacando .
A todo esto la pregunta es sencilla y comprometedora ¿Debe la Presidenta defender a Rocha Moya?
Los señalados forman parte de una supuesta red de protección política y operativa para el tráfico de drogas hacia EE. UU.
Los presuntos implicados mencionados son:
1. Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República por Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
2. Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
3. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
4. Dámaso Castro Saavedra: Vicefiscal general del Estado de Sinaloa.
5. Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”): Encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación y exdirector de la Policía de Investigación.
6. Marco Antonio Almanza Avilés: Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa.
7. Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
8. José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”): Exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
