La autodenominada “Ministra del Pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, presentó una propuesta para gravar con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las herencias y legados en las Afores, argumentando que el familiar que las recibirá no tiene ningún mérito laboral, por lo que, a su juicio” deberán pagar dicho impuesto, y con ello se conseguiría una mayor redistribución de la riqueza. Una propuesta a todas luces inviable, simple y sencillamente porque proviene de una ocurrencia, tal cual se ha caracterizado su actuar como representante en el máximo órgano judicial en el país. Incluso la propia Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en su conferencia “mañanera” estar en contra de dicha propuesta, incluso manifestó que no pediría que se abriera un debate, tal cual lo ha propuesto la togada, pues dejó en claro que durante su administración no se aplicarán nuevos impuestos. Esto deja en evidencia que la hermana del director del ISSSTE, transita en su responsabilidad sin atender las verdaderas necesidades de las familias mexicanas.
Una constante.
Lo preocupante es que esta no es la primera ocasión en que Lenia Batres protagoniza una controversia nacional. Desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha privilegiado un discurso político por encima de la prudencia que se espera de una Ministra. Basta recordar que la propia Corte determinó impedirle conocer uno de los asuntos relacionados con el empresario Ricardo Salinas Pliego, al considerar que existían elementos que comprometían la apariencia de imparcialidad debido a las constantes descalificaciones públicas que previamente había emitido. En lugar de asumir con autocrítica esa decisión institucional, Batres volvió a colocar el debate en el terreno político, alimentando la percepción de que su prioridad no es fortalecer la confianza en el Poder Judicial, sino mantener una narrativa de confrontación permanente que poco contribuye a la impartición de justicia.
Carrera judicial.
A ello se suman múltiples declaraciones que han provocado cuestionamientos dentro y fuera del ámbito jurídico. En diversas ocasiones ha minimizado la importancia de hacer carrera judicial para desempeñarse como juzgador, una postura que ha sido rechazada por especialistas, quienes consideran que la experiencia técnica y el conocimiento del derecho son indispensables para resolver asuntos que impactan la vida de millones de mexicanos. También ha insistido en utilizar la investidura de Ministra como plataforma para promover posiciones ideológicas que corresponden más al debate partidista que a un tribunal constitucional. La independencia judicial no solo debe existir, también debe parecerlo, y cuando un integrante de la Corte actúa como protagonista de la discusión política, inevitablemente erosiona la confianza ciudadana en una institución que debería caracterizarse por su neutralidad y equilibrio. 
Palacio Nacional.
Lo mejor de esta “ocurrencia” es que su iniciativa fue desautorizada desde Palacio Nacional prácticamente en cuanto salió a la luz. Si la Presidenta considera que esa idea no forma parte de la ruta económica del país, resulta inevitable preguntarse cuál era el objetivo de plantearla públicamente. Más que generar soluciones viables para fortalecer las finanzas nacionales, pareciera que la intención fue volver a colocarse en el centro de la conversación pública, aun cuando ello implicara generar incertidumbre entre millones de trabajadores preocupados por el destino de sus ahorros para el retiro.
Protagonismo.
El país enfrenta retos mucho más complejos que demandan la atención de quienes integran el máximo tribunal, la seguridad jurídica para las inversiones, la protección de los derechos humanos, la resolución de controversias constitucionales y la certeza para millones de ciudadanos que esperan decisiones estrictamente apegadas al derecho. En ese contexto, insistir en propuestas improvisadas o en declaraciones que terminan siendo desmentidas por el propio Ejecutivo solo alimenta la percepción de que algunos integrantes de la nueva conformación del Poder Judicial privilegian el protagonismo mediático antes que la solidez jurídica
