Mientras México no pase a un régimen parlamentario, el actual sistema presidencialista seguirá teniendo efectos tanto en el Congreso de la Unión como en las entidades federativas, con las y los gobernadores en los Congresos locales. Para muestra basta un botón, los demás a la camisa: hace unos días la diputada local por MORENA Sandra Amaya, hizo una propuesta en el Congreso con la finalidad de nombrar a una comisión de diputadas y diputados. Estos se trasladarían a la CDMX para entrevistarse con autoridades de Hacienda en el tema que tiene que ver con el adeudo del gobierno del Estado a los municipios. Pero como el PRI y el PAN van juntos en busca de la gobernatura de Durango, votaron en contra de la propuesta, aplicando el famoso mayoriteo: primero hay que ganar, las deudas con los municipios pueden esperar.
Con sus bemoles y matices, eso acaba de suceder en la Cámara de diputados con la llamada reforma eléctrica. Como se requería una mayoría calificada, es decir, 339 votos para su aprobación, la oposición, que suma 223 votos, mandó dicha reforma a la casa que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Las discusiones a favor y en contra salieron sobrando. La votación fue la crónica de una reforma que no pasaría. El PRI y el PAN, que viven su luna de miel, mandaron un mensaje hasta Palacio Nacional, ¡no pasará! El PRIAN ya hace cuentas alegres: si pudimos derrotar a López Obrador en la Cámara de Diputados yendo juntos, le ganaremos a MORENA en 2024.
No sabemos cuánto tiempo les dure la borrachera de la reforma que votaron en contra, hay quienes aseguran que les llegó la cruda al día siguiente con la Ley minera. Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, la oposición no consideró necesario votar la Ley minera, con el argumento de que hace 80 años ya está en la Constitución en el artículo 27, en clara referencia al párrafo 4o de dicho artículo constitucional. La iniciativa que envío el Ejecutivo federal, tenía que ver que quedara en la reforma de dicha ley el famoso litio, considerado el oro blanco o el petróleo blanco. La reforma establece que el litio es propiedad del Estado y no será concesionado a particulares.
Otro fracaso de la oposición fue la acción de inconstitucionalidad que llevaron a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en contra de la Ley de la industria eléctrica. Se necesitaban ocho votos de las ministras y ministros de la corte para haber sido declarada inconstitucional, cosa que no sucedió. Por lo tanto, como dijo el ministro presidente Arturo Zaldívar: “ya es cosa juzgada”. Todo esto tiene relación con lo establecido en el párrafo 8o del artículo 27 de nuestra Constitución. Entre otras cosas, dice sobre el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en la que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
Detrás de todo esto hay intereses económicos y políticos. La española Iberdrola, que por cierto ya no puede usar líneas de transmisión de la CFE para vender energía a empresas particulares. En lo político, está en juego la sucesión de 2024, porque el PRI y el PAN desean regresar a Los Pinos. No hay que caer en las trampas de los partidos de oposición, que solo quieren recuperar los privilegios que perdieron.
