El ex gobernador José Aispuro Torres, tiró por la borda el apoyo que tuvo de la ciudadanía y que lo llevó a la gubernatura. Los ciudadanos esperaban un gobierno honesto, que generara oportunidades, que realizaran obras de impacto social, se ejecutaran programas que beneficiaran a quienes más lo necesitan.
Pasaron los meses y esto no sucedía, el argumento fue que no recibía recursos del gobierno federal. Luego se enredó en el golpeteo al presidente López Obrador desde el grupo de gobernadores Prianistas que se autodenominaron “federalistas”. Un intento de desestabilización urdido desde las oficinas de los empresarios de derecha.
El proyecto fracasó, los gobernadores que lo integraban se desintegraron, corrieron, al grito de sálvense quien pueda, y Aispuro, en lugar de reorientar el barco, lo fue llevando a pique con sus acciones tremendamente cuestionadas, que dejaron una de las más fuertes inconformidades que haya tenido un gobernante en Durango.
Cuando se abrió la cloaca en la secretaria de educación, su entonces titular Rubén Calderón, se llamó linchado, pero no demostró documentalmente que los señalamientos fueran falsos. Ahora Calderón Luján se encuentra bajo investigación y con posibilidades de ser aprendido.
Quien fuera directora de comunicación social la señora Verónica Terrones, usa el mismo argumento de Rubén Calderón, pide que Aispuro no sea linchado, coincidimos con ella, el linchamiento no debe existir en ninguna de sus formas, pero lo que debe haber es claridad sobre el dinero que se le demanda y que nadie sabe dónde quedó. En todo caso, la regidora Terrones, que se asume defensora del ex gobernador, debería dar respuesta a los señalamientos que se le hacen a Aispuro, y a quienes fueron sus funcionarios.
La ex funcionaria Rosario Castro, en un video maneja muchas cifras para justificar el gobierno al cual sirvió. Tampoco dice en dónde está el dinero que les descontaban a los maestros y no se los reintegraban, tampoco que hicieron con el dinero que le pertenecía a la universidad, y porque no pagaban a los proveedores, a los ganaderos, a los municipios como a Durango y Gómez Palacio, cuyo monto se acerca a los mil millones de pesos.
Como consecuencia de este desorden, hay mínimo una decena de funcionarios investigados. No hay cacería de brujas, dijo la señora fiscal Yadira de la Garza, hay presuntos delitos que se tienen que investigar y en su caso, castigar, y agregó, hay más ex funcionarios que serán investigados.
El apropiarse del dinero público o destinado a las instituciones es algo grave, es atentar contra muchos sectores sociales a los cuales se les podrían haber llevado apoyos y beneficios como: insumos a campesinos, financiamientos a las pequeñas y medianas empresas, infraestructura a escuelas, clínicas, hospitales y centros culturales. Mejorar la seguridad y el equipamiento urbano.
Es verdaderamente criminal disponer de un dinero que no era del gobierno, sino de los maestros, y de los trabajadores docentes y administrativos de la UJED, poniendo en riesgo su salario y prestaciones que es de los que viven, eso les importó un soberano cacahuate.
Los ciudadanos quedaron frustrados y decepcionados de la traición que les hicieron, porque no es un adjetivo, es una realidad, por ello; las demandas e investigaciones no deben de quedar en cortinas de humo, sino en justicia social. O no
