“El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) Proyecto de Justicia Mundial, se ha convertido en una herramienta destacada para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia tal y como se presenta en México”
Hace unos días se presentó por el Proyecto de Justicia Mundial World Justice Project (WJP) los resultados del Índice del Estado de Derecho en su edición 2021 y 2022 aplicado en nuestro país,
Este índice es un instrumento de medición acerca de la situación que guardan las 32 entidades federativas de nuestro país en la materia, ofreciendo datos actualizados y estructurados en los ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho.
Los ocho factores son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Para el WJP la realización de este Índice del Estado de Derecho es una precondición para el desarrollo en México, y que, sin políticas públicas orientadas a su fortalecimiento, será más difícil que se logre vivir en comunidades de igualdad, oportunidades y paz en el futuro.
Es la cuarta edición que se presente de este ejercicio la cual tiene puntajes y tendencias de los ocho factores ya mencionados para cada entidad federativa, como es el caso de Durango.
No se puede perder de vista que el Estado de Derecho involucra principios morales, jurídicos y políticos básicos que regulan la conformación y el ejercicio del poder estatal, entre los que se encuentra el imperio de la ley, la responsabilidad de los servidores públicos, el control judicial de constitucionalidad y el respeto y la promoción de los derechos fundamentales es conveniente que todos los actores políticos participen y lo respeten.
Por lo tanto, para esta entrega solo me referiré al factor denominado Ausencia de corrupción, ya que, en el caso de Durango, hay serios cuestionamientos al desempeño que se ha tenido por parte del organismo que encabeza el sistema Local Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana.
En las últimas semanas, sobre todo, se ha señalado con insistencia la falta de actuación de los integrantes del sistema anticorrupción, frente a los señalamientos del deficiente manejo de los recursos públicos realizado por la pasada administración que involucra a diversos exservidores públicos.
Si lo anterior lo enlazamos a los resultados del citado Índice del Estado de Derecho, encontraremos que en el factor denominado “Ausencia de Corrupción”, el estado de Durango se ubica en el lugar 17 por debajo de la media de dicho indicador con un puntaje de 0.35 de 1.00.
Por lo tanto, de los resultados de la medición, resalta que no hay avances significativos en el tema del combate a la corrupción, de manera específica en el poder ejecutivo, legislativo, judicial y en las instituciones de seguridad y procuración de la justica, que fueron medidas en este Índice.
Estos números son preocupantes, ya que reflejan una percepción de estancamiento en el combate a la corrupción, que debe tomarse en cuenta por quienes tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones para que el estado de cosas cambie, de lo contrario, las expectativas que se crearon y construyeron con la aprobación de las Leyes para combatir la corrupción, solo quedaran en el pape como lo hemos venido observando.
