Ya lo dijo Juan Gabriel: pero que necesidad, para que tanto problema. El origen del IFE en su momento, nace de un hecho político; el fraude que se le cometió a Cuauhtémoc Cárdenas en 1998. Se pensó en ese entonces, que el llamado Instituto Federal Electoral, acabaría con los fraudes electorales en el futuro. Otra vez el clásico, “ya ves que no fue así”. La intención era que un órgano constitucional autónomo, integrado por ciudadanas y ciudadanos, terminaría por fin, con la historia negra de los fraudes electorales de nuestro país.
Quizá con el IFE se avanzó, pero no resolvió el problema de fondo. Para mayor información, preguntar al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, a quién “haiga como haiga sido” vivió dos fraudes en su contra: 2006 y 2012. Toda esta historia política de fraudes electorales, es para muchos lo que hoy se conoce como el INE. Una cosa es cierta; ni en el IFE o el INE han estado o está representada la sociedad. Al final, la lucha de la clase política, los partidos políticos, los intereses de “la disputa por la nación” y los poderes fácticos entre otras cosas, este dilema: el poder o la legalidad, tendrá que ser resulto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En medio de esta pugna, se encuentra la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que por lógica jurídica, tiene que resolver esta controversia. Como usted ya estará enterado, el INE presentó una controversia constitucional la cual fue admitida por la corte. Al parecer, el primer round de esta pelea la ganó el INE al concedérsele, una suspensión para que las modificaciones que propone el plan “B” sean resueltas por los ministros si son constitucionales o no. El ministro Javier Laynez al dar esta suspensión, argumentó que podría haber violaciones a derechos políticos de los ciudadanos.
En teoría, la disputa entre el ejecutivo, legislativo y el INE, deben ser resueltos por los artículos 105, 103 de nuestra constitución según sea el caso, controversias o acciones de inconstitucionalidad. Quien debe de decir el destino de nuestro país, no son MORENA, PRI, PAN, PRD, PT, MC o el Verde Ecologista. Tiene que ser nuestra constitución y ya resuelta la controversia, gane quien gane, se de vuelta a la hoja porque México aguanta todo, pero también, tiene sus límites.
La suspensión que concedió el ministro Javier Laynez, de manera particular protege los derechos fundamentales de quienes integran el INE y ya encarrerado el gato, los derechos políticos de los ciudadanos. Pero también hay que decirlo, la suspensión protege el despido de los funcionarios y no limita sus facultades para sancionar partidos políticos y funcionarios que hacen campañas con recursos públicos. Si el fallo de la corte dice que el plan “B” es inconstitucional, entonces, el INE seguirá disfrutando de todos sus privilegios y nosotros los ciudadanos pagándolos con nuestros impuestos. Yo no quisiera ser ministro de la corte.
