“El estado Mexicano debe investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes espiaron a periodistas y defensores de derechos humanos”: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ejercicio de la libertad de prensa en México ha sido catalogado por diferentes organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, como de los más peligrosos en el mundo.
Aunado a lo anterior, durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto se denunció que el sofware “Pegasus” fue utilizado para espiar a periodistas y a defensores de los derechos humanos.
Si se pensaba que, en el actual gobierno federal, las cosas iban a ser diferentes con respecto al uso de “Pegasus”, no fue así, ya que de acuerdo con una investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló en abril de este año, que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, lo cual e considerado como una grave violación a los derechos humanos.
Ante estos acontecimientos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele), demandaron el pasado viernes al Estado Mexicano a que se avance en las investigaciones relativas a espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión Interamericana, no solamente exigió que se investigue, sino que se sancione a quienes resulten responsables del espionaje a través de Pegasus.
Es inaceptable que aparte de que México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, se tenga que lidiar con el espionaje por parte del gobierno, cuando se supone que actos como la persecución política en este país, estaba siendo superada.
No se puede permitir que sigan los ataques desde la esfera del poder a quienes ejercen el periodismo, de ahí la importancia que ninguno de esos agravios quede impune.
Por lo anterior, resulta por demás transcendente el hecho de que, en Durango, por primera vez se haya vinculado a proceso al exgobernador, luego de la denuncia presentada en su contra por el periodista Iván Soto, por la probable comisión de delitos contra la libertad de prensa.
Lo anterior se desprende de una llamada telefónica que le hizo en su momento el exgobernante a Iván Soto, el 10 de julio del año pasado la cual fue grabada y en la que de acuerdo con su contenido el periodista consideró, que se cometió en su contra vejación, violencia psicológica y violencia moral con la ejecución desigual de poder.
Frente a estos hechos expuestos, hoy más que nunca se requiere el respeto al ejercicio periodístico y la aplicación de sanciones a quienes atentan en contra de este derecho fundamental.
Esperemos que así sea.
