La nueva Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Durango y los Municipios, establece que el 90 por ciento de la obra por adjudicación será para la hagan constructores y profesionistas locales, que se quede en Durango y no haya más fuga de recursos a otras partes del país, mientras que en el caso de las licitaciones nacionales se contratará al menos el 30 por ciento de la mano de obra de Durango, así como la armonización de la legislación local a lo que plasma la ley federal.
A principios del pasado mes de junio, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios, la cual se actualiza a las exigencias de la dinámica actual, promueve la eficiencia del gasto público y el desarrollo económico sostenido, incide en la calidad de la infraestructura y establece que la obra se otorgue a constructores duranguenses.
De esta manera, con esta ley, no habrá más constructores de Sinaloa o de Chihuahua haciendo obra en Durango, porque la obra que se haga en Durango, será para constructores locales, mismos que participaron en la consulta a través de los colegios de ingenieros y arquitectos, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Esta nueva ley sustituye a la antigua Ley de Obras Públicas del Estado, que data de 1999, para dar paso una ley moderna y eficaz que permita optimizar y racionalizar el uso y aplicación de recursos, modernizando los procesos administrativos de licitación y ejecución de obras.
Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto reglamentar los aspectos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión, conservación, mantenimiento, ampliación, demolición, coordinación y control de obra pública que se lleve a cabo en la entidad, a través de las dependencias de la administración pública, centralizada y paraestatal, así como los municipios, y atenderá las directrices establecidas por la ley.
Así, esta nueva legislación contiene las bases necesarias para que el procedimiento de contratación de obra pública sea eficiente simple y oportuno; pero sobre todo transparentes y apegados a la legalidad en materia de licitaciones y ejecución de obras, por lo que estarán vigilantes de las obras que se realicen en el Estado.
Esta nueva legislación contribuye a modernizar y mejorar nuestro marco jurídico estatal en la materia, todo ello en beneficio de los constructores y la sociedad en su conjunto y como parte de una exigencia de los duranguenses para observar transparencia y eficacia de gasto público, y dejando atrás la corrupción que ha perjudicado nuestro estado en los últimos años.
