En el primer minuto de este día arrancaron de manera formal las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y aunque el Gobierno Federal no se atreve a reconocerlo, pero es previsible el riesgo al que deberán enfrentarse los candidatos en ciertas zonas del país para conseguir el voto ciudadano, derivado de la ola de violencia que se ha generado en los últimos meses en contra de la clase política.
Tan solo al inicio de esta semana asesinaron a dos candidatos a la presidencia del municipio de Maravatío, en el estado de Michoacán, y con ello la cuenta llega hasta 33 el número de atentados contra políticos en los primeros meses del año, de acuerdo a lo que da a conocer Data Cívica, una organización que, de acuerdo a lo que señalan en su página web, es feminista que utiliza las herramientas tecnológicas para propiciar el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De ahí que llama la atención el alto número de casos registrados, todos previos al inicio formal de las campañas constitucionales.
A pesar de que el propio Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que serán unas elecciones “tranquilas”, implícitamente se ha reconocido que deberá haber un despliegue de elementos que cuiden a los aspirantes a un cargo de elección, pues de acuerdo a lo que se dio a conocer por las autoridades electorales y judiciales, los abanderados de todos los partidos, sobre todo en las regiones de riesgo, podrán solicitar tres tipos de seguridad para el mejor desempeño de su agenda política; la de nivel alto con dos unidades y elementos del Ejército, así como camioneta blindada; la de nivel medio, con una unidad y elementos de la Guardia Nacional y vehículo blindado; y la más baja, que solo será mediante un vehículo blindado.
Es claro que en este proceso electoral está en juego el destino de nuestro país por los próximos seis años, de ahí que comiencen a surgir intereses ajenos a la vida pública y política en México. Por ello considero que sí debe haber un estricto seguimiento a las actividades partidistas, pues si bien sería imposible salvaguardar la integridad de los más de 20 mil aspirantes a un cargo de elección, me parece que hay zonas muy focalizadas donde el riesgo es inminentemente alto, y hablo sobre todo de Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas, donde en los últimos meses se ha generado más violencia.
Desde luego los tres aspirantes a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, deberán contar con esa protección especial, pues más allá de partidos e ideologías debemos considerar que son personas que estarán bajo una exposición constante, y en verdad deseamos que nada, más allá de la narrativa de campañas, vaya a empañar un proceso electoral que es de suma importancia para los mexicanos, y que a su vez las autoridades electorales, de seguridad y gobiernos, garanticen el libre ejercicio del voto a todos los ciudadanos.
El Gobierno Federal está obligado a garantizar que el proceso, además de transparente, sea seguro, pues esto sería parte de la credibilidad al momento de salir los ganadores en las urnas, y que tanto los candidatos, como los funcionarios de casilla, trabajadores del INE y la ciudadanía en general, podamos acudir al centro de votación que nos corresponda, con la certeza de que no habrá agentes externos que “ensucien” lo que los mexicanos expresemos en las urnas. Evidentemente la polarización en la que nos encontramos no ayuda en mucho, pero a partir de hoy que inician las campañas, creo que todos los actores políticos deben poner de su parte, porque las pasiones sí que podrían desbordarse.
