El INAI no es un organismo anticorrupción, aunque la labor que realiza genera insumos para identificar irregularidades o inconsistencias en el quehacer público. El INAI es el punto de partida porque coadyuva a que las personas materialicen su derecho a saber: Ernesto Villanueva, agencia Quadratín
Lo que ya sabíamos sobre la posible desaparición de los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, lamentablemente va tomando forma.
Hace unos días, la presidencia de la República dio conocer la iniciativa de Ley para la creación de varias secretarías entre ellas la denominada “Anticorrupción y Buen Gobierno”, que sustituirá a la secretaría de la Función Pública y por supuesto que se le agregarán funciones y facultades.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su paquete de reformas a la Constitución del 5 de febrero del presente año, envió a la cámara de diputados la desaparición de los organismos autónomos, desde entonces ya se vislumbraba la desaparición del INAI.
Hoy ya se tiene claridad en el tema, puesto que la actual presidenta con la iniciativa se adelanta a la reforma constitucional, que seguramente pasará sin ningún problema ya que Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada, otorgándole a la nueva secretaría las funciones del órgano garante de la transparencia en México.
La autonomía e independencia de acción del INAI, desaparece lo cual es una regresión en la garantía del derecho a la información, porque aún cuando en la iniciativa se dice que habrán de reformar la Ley General de Transparencia, para que la dependencia sea juez y parte, en la realidad no es tan difícil adivinar lo que sucederá.
Si en la actualidad, con la ley y la constitución vigentes la sociedad puede inconformarse cuando las autoridades no entreguen la información, esté incompleta, se reserve sin justificación, etc., con esta reforma lo que se pretende es que intervengan tribunales administrativos.
Hoy es fácil inconformarse por la falta de garantía del derecho a la información y a la protección de datos personales, no me quiero imaginar cómo será el hecho de que en la nueva ley las personas tengan que recurrir a un tribunal administrativo.
Coincido plenamente con el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, cuando señala con toda precisión en una entrevista que le concedió a la Agencia informativa Quadratín, que el INAI no es un organismo anticorrupción, aunque la labor que realiza genera insumos para identificar irregularidades o inconsistencias en el quehacer público, por ello lo más conveniente es que la garantía de un derecho fundamental no estuviera en una dependencia pública.
Lo que se puede considerar como acertado en las acciones de la nueva secretaría es el fortalecimiento de los procesos de contratación, en la emisión de reglas de investigación y fiscalización para las instituciones de gobierno, en la negociación de tratados comerciales, así como en la evaluación de la confiabilidad de personas que vayan a ocupar “cargos estratégicos”.
Si a nivel nacional el tema será un hecho, seguramente que, en Durango, lamentablemente también las horas del IDAIP están contadas.
