Una de las decisiones más ambiciosas del gobierno federal en materia de seguridad, fue develada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública, se trata de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que, en teoría, se ejercerá con toda la fuerza de las instituciones del estado, para desmantelar las redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con ese delito que tanto ha lacerado a la sociedad.
La coordinación se hará por el Gabinete de Seguridad a través de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes implementarán distintos ejes operativos y preventivos, tales como fomentar la creación de Unidades Antiextorsión a nivel local, aplicar el protocolo de atención a víctimas, generar detenciones mediante investigación e inteligencia, implementar una campaña de prevención a nivel nacional y capacitar a operadores 089 en manejo de crisis y negociación.
Son al menos ocho las entidades que aglutinan el 66 por ciento del delito de extorsiones a nivel nacional, tales como: Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán y Veracruz, por lo que será en esos estados en donde se intensificará la Estrategia Nacional contra la Extorsión, incluso si ello implica, el congelamiento de cuentas y operativos sorpresa en centros penitenciarios, que es de donde emanan gran cantidad de las llamadas de extorsión que se hacen en el país.
La estrategia incluye el bloqueo de líneas y equipos celulares empleados para extorsionar, así como la implementación de operativos sorpresa en centros penitenciarios, para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos, por ello, dicho anuncio es prometedor en todos sentidos, solo falta que se ejecute tal y como se tiene planeado, pues es un delito que necesita ser atacado de manera frontal, caso contrario, solo quedará en buenas intenciones y con altos riesgos para quien despacha en Palacio Nacional.
