La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, colocan sobre la mesa un debate que América Latina conoce bien: el de la intervención extranjera y sus límites en el derecho internacional.
Para México, este escenario reactiva la vigencia de la Doctrina Estrada, uno de los pilares históricos de su política exterior. Formulada en 1930, la doctrina sostiene que ningún Estado debe juzgar la legitimidad de los gobiernos de otros países, pues hacerlo implica una forma de intervención. En su lugar, privilegia la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.
La detención de un jefe de Estado por una potencia extranjera —sin un mandato claro de organismos multilaterales— sería un precedente delicado. No se trata de defender personas ni regímenes, sino de advertir que el uso unilateral de la fuerza erosiona el orden jurídico internacional y normaliza prácticas que América Latina ha padecido históricamente. 
La Doctrina Estrada no equivale a indiferencia. Representa una postura activa en defensa del derecho internacional y de la soberanía como principio básico de convivencia entre Estados. Frente a presiones geopolíticas y discursos que justifican la imposición externa, México encuentra en esta doctrina una guía para sostener una política exterior coherente y responsable.
En tiempos de alta tensión global, la pregunta no es si la Doctrina Estrada está superada, sino si el mundo está dispuesto a respetar las reglas que dice defender y más en estos tiempos en que los derechos humanos tienen un nuevo paradigma.
