Una escuela debería ser sinónimo de refugio, confianza y aprendizaje; un espacio donde las niñas y niños crecen libres y sobre todo protegidos, pero, cuando esa promesa se rompe, no solo se lastima a un niño o niña, sino que también se fractura a su familia, su comunidad, todo su lugar seguro se derrumba.
Lo ocurrido en un preescolar de León, Guanajuato, no puede verse como un caso aislado ni como una noticia más que circulará unos días y después será olvidada, al contrario, es un grito de alerta nacional porque detrás del horror hay una pregunta que incomoda: ¿Realmente estamos cuidando a nuestras niñas y niños como decimos hacerlo?
Las niñas y niños no tienen las herramientas para defenderse solitos, dependen de los adultos, de las instituciones, de sistemas que deberían funcionar como barreras de protección para su cuidado y, cuando esas barreras fallan, la infancia queda expuesta a daños que no se miden solo en expedientes judiciales, sino en cicatrices emocionales que pueden durar toda la vida y lo peor es que, cuando esos pequeños son adolescentes o adultos y reflejan sus traumas de infancia, solemos decir que con una ida al psicólogo pasará y no, lo que deberíamos entender, es que lo mejor es que ningún niño o niña pase por una situación de estas, que afecten su crecimiento .
El punto más doloroso de esta historia no es únicamente la agresión, sino el tiempo que pasó antes de que se actuara con contundencia y es que los padres aparte de pasar por este proceso tan difícil, tuvieron que presionar para ser escuchados y todo porque enfrentaron la incredulidad de servidores públicos que decidieron que no era tan grave por lo que estaban pasando, y ¿Qué pasó?, pues los niños tuvieron que cargar en silencio algo que jamás debieron vivir y eso señores también es violencia institucional.
La lección es clara, siempre creerles a los niños y no como consigna momentánea, sino como política real en cada escuela y no solo de León, sino en todo el país.
Creerles implica protocolos efectivos, capacitación constante a docentes y servidores públicos, supervisión estricta, canales de denuncia seguros y acompañamiento psicológico inmediato, se tiene que entender que proteger a las infancias no es opcional, es algo que se les debe tiempo atrás.
Aunque el caso ocurrió en Guanajuato, la reflexión nos alcanza a todos y es que en Durango y en cada estado del país, las escuelas deben ser espacios seguros, llenos de confianza, y no sólo para las niñas y niños, también para sus padres, que sepan y entiendan que sus hijos están protegidos dentro de una institución.
La protección de niñas y niños no puede depender de la presión social ni del escándalo mediático; debe ser una garantía cotidiana, nuestros niñas y niños tienes derecho a ser escuchados, valorados y no juzgados, recordemos que, su sinceridad depende del trato que le demos, porque en estas situaciones, los adultos son los responsables de su protección total.
Educar también es cuidar, enseñar también es proteger y una sociedad que no resguarda a sus niños y niñas, porque si no hacemos algo, los únicos perjudicados con el paso del tiempo serán ellos mismos.
La indignación que hoy sentimos debe transformarse en vigilancia, en exigencia y en acción, porque ningún niño o niña debería volver a confundir un juego con una pesadilla.
