En la narrativa de la Cuarta Transformación, uno de los ejes centrales ha sido el discurso de cercanía con la gente, de justicia social y de defensa irrestricta de los intereses del pueblo, pero bajo esa lógica, la llegada de perfiles como Lenia Batres a espacios clave del poder público debía representar justamente esa promesa convertida en realidad, sin embargo, en cuestión de días, su actuar ha evidenciado una contradicción profunda entre el discurso y los hechos, colocando en entredicho no solo su congruencia personal, sino la esencia misma de un proyecto político que se ha sostenido en la “bandera” de no traicionar a los mexicanos. Y esto, entre muchos otros factores, deja en claro que su llegada, por imposición de López Obrador, y la ratificación en las urnas mediante los acordeones, que la justicia no es sinónimo de popularidad, sino de preparación y experiencia, algo que, lamentablemente, la Ministra no conoce.
Contradicción.
El primer golpe a esa narrativa vino con el intento de favorecer al ISSSTE, institución dirigida por su hermano, Martí Batres, en un adeudo millonario con el Gobierno de la Ciudad de México, que asciende a varios miles de millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones no cubiertas. Más allá de la cifra, que por sí sola ya resulta escandalosa, el fondo del asunto es el evidente conflicto de interés, porque no se puede hablar de justicia cuando se pretende inclinar la balanza desde una posición de poder para beneficiar a un ente encabezado por un familiar directo; de hecho esa no es una decisión técnica, es una postura política que contradice el discurso de combate a los privilegios.
Intereses.
El problema no radica únicamente en el parentesco, sino en lo que representa, la utilización del poder público para resolver asuntos que deberían atenderse bajo criterios estrictamente legales. Si el discurso ha sido que “primero los pobres”, entonces resulta difícil entender cómo se justifica que una institución pública deje de cumplir con obligaciones que impactan directamente en las finanzas de otra entidad gubernamental, que a su vez presta servicios a millones de ciudadanos; lo que se observa es una lógica distinta, la de proteger estructuras internas antes que garantizar el correcto funcionamiento del Estado, a pesar de las consecuencias. 
Postura.
A esto se suma una declaración reciente que ha generado una fuerte polémica, su postura en contra de que el IMSS garantice apoyos funcionales a los derechohabientes, justo en un país donde millones de familias dependen de los servicios de salud pública, porque el dinero no alcanza, mucho menos los apoyos sociales que se entregan, de ahí que este tipo de posicionamientos no son menores, porque hablar en contra de apoyos funcionales implica, en los hechos, limitar herramientas básicas para la atención de personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Es, en esencia, una visión que se aleja de cualquier sentido de justicia social y que impacta directamente a los sectores más vulnerables.
Consecuencia.
Lo preocupante es que estas decisiones y posturas no son aisladas, sino que configuran un patrón que contradice la narrativa de origen, porque no se puede sostener un discurso de “defensa” del pueblo mientras se toman decisiones que lo afectan, incluso no se puede hablar de transformación cuando se replican prácticas que antes eran señaladas y condenadas; y, sobre todo, no se puede aspirar a impartir justicia desde una posición que antepone sesgos, intereses y falta de sensibilidad social. En política, las palabras importan, pero los hechos pesan más; y en este caso, los hechos terminan por desmentir el discurso.
Al final, lo que queda es una pregunta incómoda para el proyecto que la impulsó, ¿hasta qué punto estos perfiles representan realmente los principios que dicen defender?, porque si quienes llegan bajo la “bandera” de “Ministros del pueblo” terminan actuando en sentido contrario, entonces no solo se traiciona a la gente, sino también al propio movimiento cuatroteísta.
