En política y en administración pública hay encuestas que se vuelven termómetros momentáneos, pero existen otras que sirven para medir algo más complejo: la percepción social sobre instituciones que tradicionalmente han permanecido lejos de la conversación pública. Ese es precisamente el valor del estudio demoscópico realizado por GobernArtesobre las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia en México.
La empresa de estadística levantó un ejercicio nacional del 28 de abril al 03 de mayo de 2026 para conocer el nivel de aprobación y posicionamiento ciudadano de quienes encabezan los poderes judiciales estatales. El resultado dejó una lectura interesante para Durango: el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, D.D. Manuel Valadez Díaz, apareció en el noveno lugar nacional con un 25.2% de aprobación, colocándose dentro del Top 10.
El dato adquiere relevancia porque el Poder Judicial históricamente no ha sido una institución de alta exposición mediática. A diferencia de gobernadores, alcaldes o legisladores, las magistraturas suelen moverse en un terreno más técnico, más discreto y menos sujeto al debate cotidiano. Por eso, alcanzar niveles de reconocimiento ciudadano suficientes para aparecer entre los primeros lugares nacionales implica algo más que presencia institucional: habla de visibilidad, comunicación y construcción de percepción pública. 
La lista nacional es encabezada por Rafael Guerra Álvarez, de la Ciudad de México, seguido por Héctor Macedo García, del Estado de México, y Alma Delia Camacho Patián, de Guanajuato. Sin embargo, que Durango figure entre entidades con estructuras judiciales mucho más grandes y con presupuestos considerablemente superiores, resulta políticamente y socialmente significativo.
El trasfondo del ranking es mucho más profundo. Después de los cambios nacionales en torno al debate judicial y de la creciente exigencia ciudadana sobre transparencia, cercanía institucional y legitimidad pública, los poderes judiciales entraron a una etapa distinta: una donde ya no basta impartir justicia; ahora también importa cómo se comunica, cómo se percibe y qué nivel de confianza genera.
En ese contexto, el posicionamiento de Manuel Valadez Díaz refleja que el Tribunal Superior de Justicia de Durango ha logrado mantenerse dentro de la conversación pública sin caer en la confrontación política permanente que se observa en otros estados. Y eso, dentro de un ambiente nacional polarizado, representa una ventaja institucional importante.
Si bien es cierto que, las encuestas no dictan sentencias definitivas, sí ayudan a entender tendencias, momentos y visiones distintas a las oficiales. Y hoy la tendencia coloca al presidente del Poder Judicial de Durango dentro de los diez nombres con mejor posicionamiento ciudadano a nivel nacional. En un escenario donde los tribunales ya no pueden permanecer aislados del escrutinio público, el dato no pasa desapercibido.
Porque al final, en tiempos donde la legitimidad institucional se construye todos los días, estar entre los primeros diez también significa algo más: que Durango comienza a aparecer en la conversación nacional judicial desde una posición competitiva y favorable.
