Más allá de los resultados electorales que puedan ofrecer el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) en las urnas durante el proceso de 2027, la verdadera utilidad de mantener viva esa alianza para Morena estará en la siguiente Legislatura de la Cámara de Diputados. Ahí se definirá buena parte del futuro político del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues desde Palacio Nacional seguirán impulsándose reformas constitucionales, ajustes legales y decisiones presupuestales que requerirán disciplina parlamentaria y una mayoría sólida. El problema radica en que esa estabilidad legislativa tiene un costo político muy elevado, pues ambas “rémoras” han demostrado a lo largo de los últimos años que saben negociar cada voto y que no entregan su respaldo de manera gratuita; por lo que Morena tendrá que decidir si le resulta más conveniente pagar esa “factura” mediante concesiones políticas o arriesgarse a construir mayorías en cada discusión importante, un escenario que podría complicar seriamente la gobernabilidad.
San Lázaro.
Aunque el próximo año estarán en disputa 17 gubernaturas y decenas de posiciones de elección popular, la prioridad estratégica de Morena parece estar concentrándose en conservar el control de San Lázaro. No se trata únicamente de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación o las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, sino de mantener un bloque parlamentario suficientemente sólido para evitar sobresaltos durante los últimos años del sexenio. La experiencia demuestra que las reformas de mayor calado requieren una operación política permanente y que cualquier fisura dentro de la coalición puede traducirse en derrotas legislativas. Por ello, el partido oficial necesitará mantener cohesionados a sus aliados, incluso cuando ello implique aceptar condiciones que, en otro contexto, resultarían difíciles de justificar ante su propia militancia.
Chantajes.
Sin embargo, esa alianza no será gratuita, porque tanto el Verde como el Partido del Trabajo han perfeccionado una forma de hacer política basada en la negociación permanente. Cada reforma relevante, cada presupuesto y cada nombramiento importante representan oportunidades para incrementar su poder de negociación. Morena conoce perfectamente esa dinámica porque la ha vivido durante los últimos años, pero también sabe que los costos irán creciendo conforme se acerque el cierre del sexenio. Los llamados “chantajes” legislativos pueden traducirse en la exigencia de candidaturas, posiciones administrativas, espacios dentro del gabinete o incluso mayores recursos para gobiernos estatales afines; esa será una “factura” política considerable para los morenistas, quienes deberán decidir entre ceder espacios estratégicos o correr el riesgo de fracturar la mayoría parlamentaria que hoy consideran indispensable para sacar adelante la agenda presidencial. 
Gubernaturas.
Precisamente por ello no sería extraño que varias de las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año entren en la mesa de negociación entre los integrantes de la coalición oficialista. Morena cuenta con la estructura suficiente para competir con posibilidades reales en varias entidades, incluso sin sus aliados; sin embargo, la política pocas veces se construye únicamente sobre la lógica electoral; si entregar algunas candidaturas garantiza estabilidad legislativa durante tres años en la Cámara de Diputados, probablemente esa inversión será vista como un precio razonable desde Palacio Nacional. El PVEM y el PT lo saben perfectamente y buscarán aprovechar ese momento para fortalecer su presencia territorial, incrementar su número de gobiernos estatales y consolidarse como fuerzas indispensables dentro del bloque gobernante.
Desgaste.
Al final del día, la continuidad de la alianza entre Morena, el Verde y el PT parece responder mucho más a una necesidad de gobernabilidad que a una coincidencia ideológica; las diferencias entre sus dirigencias han quedado evidenciadas en múltiples episodios, pero el pragmatismo político termina imponiéndose cuando lo que está en juego es el control del Poder Legislativo. Morena sabe que gobernar sin una mayoría confiable sería abrir espacios para el desgaste político y para una oposición que buscará capitalizar cualquier división interna.
