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El protegido de Palacio Nacional.

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Quetzal Herrera Ruiz
LA GRILLA DEL PÁJARO
29/09/2026

Desde Palacio Nacional se ha colocado una condición para que la Fiscalía General de la República (FGR), investigue a Jorge Amílcar Olán Aparicio, que existan pruebas. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes que cualquier persona que tenga elementos sobre alguna ilegalidad debe presentarlos ante la autoridad para que se abra una carpeta de investigación. Jurídicamente el argumento es razonable, nadie puede ser perseguido únicamente porque aparezca en una publicación periodística, el problema político comienza cuando alrededor de un personaje se acumulan contratos públicos, investigaciones periodísticas, grabaciones atribuidas a él y señalamientos sobre su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entonces surge una pregunta inevitable, ¿las pruebas deben aparecer solas o corresponde precisamente a las autoridades investigar para determinar si existen?

Investigación necesaria.
Hay una diferencia fundamental entre investigar y declarar culpable a una persona; Amílcar Olán no puede ser considerado responsable de un delito solamente porque un periodista, un medio de comunicación o un adversario político lo señale, eso corresponde determinarlo a las autoridades y, eventualmente, a los tribunales; pero precisamente para eso existen las investigaciones ministeriales. Durante los últimos años han aparecido reportajes que documentan contratos millonarios obtenidos por empresas relacionadas con Olán y grabaciones en las que presuntamente habla de negocios y de su relación con Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán. Cada elemento deberá comprobarse legalmente, pero resulta válido preguntar cuánto material necesita acumularse públicamente antes de que la autoridad explique con claridad qué ha revisado, qué descartó y qué continúa investigando.

Percepción.
El punto políticamente más delicado es la cercanía de Olán con los hijos de Andrés Manuel López Obrador; ahí cualquier decisión de la autoridad queda inevitablemente bajo escrutinio. Si la FGR investiga, tendrá que hacerlo con absoluta independencia; si determina que no existen elementos para proceder, debería explicar con la misma claridad cómo llegó a esa conclusión. Lo que resulta problemático es que la discusión termine reducida a exigir que alguien entregue una carpeta perfectamente integrada para entonces comenzar a actuar. La cercanía con personajes vinculados al poder no demuestra delito alguno, pero sí obliga a las instituciones a extremar transparencia e independencia, de otra manera, la percepción pública puede ser que existe una vara para cualquier ciudadano y otra cuando los señalamientos alcanzan al círculo político del gobierno anterior.

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Datos documentados.
El caso tampoco nació ayer, pues diversos medios han documentado contratos públicos obtenidos por empresas relacionadas con Olán durante administraciones de la llamada Cuarta Transformación; por ejemplo lo que se documentó de un contrato federal por 27 mil 642 pesos en 2018 a participar posteriormente en contratos por cientos de millones de pesos. A esto se agregan audios difundidos por medios y organizaciones civiles en los que una voz atribuida al empresario habla de negocios relacionados con el balasto del Tren Maya y menciona a Gonzalo López Beltrán. Esos materiales periodísticos no equivalen por sí mismos a una sentencia ni necesariamente constituyen prueba judicial suficiente, pero pueden representar información susceptible de ser verificada por las autoridades.

Elementos de delito.
Lo verdaderamente relevante es la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar sin importar apellidos, amistades o cercanías políticas. La Presidenta tiene razón en algo esencial, una acusación periodística no sustituye una prueba judicial, pero tampoco debería utilizarse la ausencia de una prueba previamente construida como argumento para evitar averiguar si existen elementos de un delito. La fiscalía tiene facultades precisamente para investigar denuncias, datos y posibles hechos ilícitos y después determinar si procede judicializar un expediente, y si al final no encuentra irregularidades, deberá decirlo y sustentarlo; así de sencillo.

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Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García; conductor de los programas "El Pájaro Pregunta" y "Las Mañaneras del Pájaro"; columnista en el Órale Qué Chiquito.
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