
Con apenas los votos necesarios, Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aprobaron en el Senado de la República las modificaciones constitucionales en materia de la doble nacionalidad. Una propuesta enviada desde Palacio Nacional, por la cual se impedirá a todos aquellos perfiles que aspiren a llegar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a dejar una o más nacionalidades que ostenten para que se queden únicamente con la mexicana. Este asunto desde luego generó un intenso debate en el país, pero lo verdaderamente aberrante a incongruente, fue la decisión que tomaron los legisladores “verdes”, pues en el caso de Nayarit, con la reciente designación de Jasmine Bugarín como coordinadora de la transformación en esa entidad, quien nació en Estados Unidos y también tiene la nacionalidad de nuestro país, por lo que, legalmente, estaría impedida a participar en el proceso; a menos que ya haya decidido que dejará la estadounidense. A pesar de ello, no se entiende el voto a favor de las reformas, pues prácticamente están atentando contra las aspiraciones de sus propios perfiles.
Contradicciones.
Es verdad que en un Artículo transitorio se establece que la disposición comenzará a aplicarse a partir de 2028 y, por tanto, no alcanzaría la elección de 2027; sin embargo, eso no elimina la contradicción, porque además la Presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que entraría en vigor de forma inmediata, y refirió que la aspirante nayarita deberá definir dejar la nacionalidad estadounidense. Si para el Verde tener otra nacionalidad representa un posible conflicto frente al interés nacional, tendría que explicar por qué ese criterio es válido para los futuros aspirantes, pero no representa problema alguno cuando se trata de una de sus principales cartas electorales, o de plano no sabemos la clase de acuerdos que se hayan hecho para avalar el dictamen, a pesar de lo que representaba para esa entidad.
Alianza rentable.
La dirigencia de Morena confirmó que Jasmine Bugarín cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense y aseguró que la Senadora con licencia se comprometió a realizar los trámites necesarios para quedarse únicamente con la mexicana. Con ello podría cerrarse jurídicamente la discusión sobre su eventual candidatura, aunque permanece abierta la discusión política. Resulta llamativo que el mismo partido que consiguió colocar a uno de sus perfiles en una posición privilegiada rumbo a la gubernatura de Nayarit haya respaldado una modificación constitucional construida alrededor de una condición que posee su propia coordinadora, por lo que el Verde tendrá que explicar si comparte realmente el fondo de la reforma o simplemente acompañó a Morena para mantener intacta una alianza que, electoralmente, le ha resultado rentable.
Disciplina.
Aquí aparece una característica de la relación entre Morena y sus aliados, cuando desde Palacio Nacional llega una iniciativa considerada prioritaria, las diferencias parecen desaparecer. El PVEM puede negociar candidaturas, posiciones, espacios y acuerdos electorales, pero en las votaciones fundamentales termina acompañando al partido gobernante. En esta ocasión sus votos fueron relevantes, porque la reforma constitucional requería mayoría calificada y terminó aprobándose con 86 votos a favor y 42 en contra; por eso resulta inevitable cuestionar si los senadores verdes analizaron las implicaciones políticas o simplemente privilegiaron la disciplina de la coalición, porque una cosa es mantener una alianza legislativa y otra votar reformas que pueden entrar en contradicción con los perfiles que el propio partido promueve.
Restricción.
Más allá del caso particular de Nayarit, el debate de fondo tampoco debería cerrarse con la votación del Senado. México reconoce la doble nacionalidad y existen miles de mexicanos nacidos en el extranjero o que, por circunstancias familiares, cuentan con otra nacionalidad. La reforma no les retira ese derecho, pero sí establece una condición adicional para quienes pretendan ocupar determinados cargos ejecutivos; el oficialismo sostiene que se busca garantizar que el interés nacional esté por encima de cualquier otro; la oposición considera que se genera una restricción innecesaria.