Dice el refrán: muerto el perro, se acabó la rabia. Al menos así se pensó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese tiempo se declaró que ya no había tierras que repartir a los campesinos, únicamente las del panteón cuando se murieran. Carlos Salinas, quien se “preparó 20 años para llegar al poder”, reformó el artículo 27 constitucional para terminar con la propiedad social del ejido y dar paso a los títulos parcelarios, y con ello los ejidatarios pudieron vender legamente sus parcelas, las que han sido acaparadas por quienes tienen capacidad económica para hacerlo.
También Salinas crea los Tribunales Agrarios y el Tribunal Superior. En ellos delegó su autoridad para resolver conflictos y controversias entre los núcleos ejidales y particulares, en el marco de la Ley Agraria. A 34 años de la creación de los Tribunales Agrarios y la entrada en vigencia de la Ley Agraria, los problemas de las tierras ejidales, en lugar de haber sido resueltos, han aumentado y los juicios en su mayoría han sido a favor de los hombres del dinero, principalmente empresas mineras, extranjeras y nacionales quienes han despojado a los ejidatarios de sus tierras gracias a la complicidad de notarios públicos, jueces y magistrados. Con los fallos emitidos en contra de los ejidos por estos órganos jurisdiccionales, se ha violado la Constitución, la Ley de Amparo y derechos humanos.
En este contexto, Durango no podía ser la excepción. Tal vez usted recuerde los siguientes hechos: desde los primeros meses de 2018, el empresario Jorge Saravia Jorge Castillón demandó ante el Tribunal Unitario Agrario 7 con sede en esta la ciudad de Durango, al Ejido de San José de Tuitán. En su escrito inicial de demanda del expediente 215/18 reclama 9,274 hectáreas, las que dice que son de su propiedad. Por supuesto que el mencionado empresario, después de 5 años, en ninguna instancia ha podido demostrar ser el dueño de las hectáreas que reclama, por lo tanto, no tiene lo que se conoce como interés jurídico, y tampoco legitimación para estar en dicho juicio. Por increíble que parezca, ha habido en estos juicios aberraciones jurídicas que han agraviado a la comunidad y ejidatarios de San José de Tuitán.
En esto, mucho ha tenido que ver la ley orgánica de los tribunales agrarios. Dicha ley no contempla rechazar las demandas que se interponen en dichos tribunales. Como consecuencia, cualquier persona puede demandar a cualquier ejido, con solo decir que es el dueño. El juicio o juicios se lleven a cabo por esta controversia aún sin ser el dueño, eso nada importa, las leyes permiten toda clase de recursos para fallar en contra de los ejidos y despojarlos de sus propiedades y posesiones. Para este objetivo, están los juzgados federales y las salas de los colegiados de circuito, que son capaces de amparar a una persona sin tener interés jurídico basándose en juicios que ya prescribieron y caducos.
El Tribunal Superior Agrario con sede en la CDMX no canta mal las rancheras. Jorge Saravia Castillón interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del expediente 215/18 del mes de abril del 2019. En dicha sentencia, entre otras cosas, el magistrado le dice que no pudo demostrar ser el dueño de las hectáreas reclamadas, que no tiene interés jurídico y que no probó su acción. Este recurso de revisión cayó en manos de la entonces magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, hoy magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. La mencionada magistrada en su proyecto revocó la sentencia antes mencionada, ordenando al Tribunal Agrario con sede en Durango en lo relativo a que se midieran las hectáreas en conflicto. Como nos damos cuenta, los tribunales agrarios, en lugar de defender a los ejidatarios, se convierten en cómplices para despojarlos. Por cierto, un dato: Tuitán habita al ejido desde 1749 y quien lo demanda pretende despojarlos para agregarlo a su propiedad, conocida como la Hacienda del Ojo.
