En el mes de febrero del año en curso, Roberto Herrera Hernández, Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, (IEPC) aseguró que las elecciones, se encontraban en riesgo por falta de presupuesto. Algunos actores políticos, tomaron estas declaraciones como “un amago”, del Consejero Presidente, sin embargo las afirmaciones de Lorenzo Córdoba, fueron en el mismo tenor, con lo que a la postre, se logró el incremento necesario para realizar el proceso electoral sin complicaciones. El martes pasado Herrera Hernández, dio a conocer que el Instituto, está teniendo un requerimiento de pago por 30 mdp por adeudo de la papelería y el PREP, derivado de las elecciones pasadas. Si bien, es cierto, que es un recurso que se comprometió a pagar el Gobierno del Estado, queda la duda si son adeudos justificados, o producto del manejo de finanzas poco pulcras, que cada vez resultan más evidentes.
Derivado de la pandemia, de la crisis internacional, de los recortes a las entidades federativas, entre muchas cosas más, se está optando por una línea de fiscalización y optimización de recursos públicos. Pero; el IEPC, está nadando no solo de muertito, también a contracorriente. De las seis entidades federativas, donde existieron procesos electorales, es precisamente en Durango; según el INEGI, donde el sufragio resultó más caro, 210 pesos por voto, más del doble de los 101 pesos que costó en Oaxaca, lejos de los 123 pesos de Hidalgo, o los 145 pesos que costó cada voto en Tamaulipas. Se pudiera pensar que esto es producto de una mala administración, laxa, manirrota, ineficiente o despilfarradora, que por supuesto no estaría justificada. Pero acontecimientos pasados y actuales, señalan desvío de recursos, en el instituto se siente un hedor a corrupción.
Hasta el día de hoy, no se ha solventado, o por lo menos no se ha dado a conocer que ya se haya hecho; cual fue el destino de 18.7 millones de pesos, desviados a un fideicomiso el cual el motivo de su existencia no se logró justificar, pero si sirvió para desviar este recurso, tal como fue señalado en la cuenta pública del 2018. La falta de aclaración, provocó la renuncia del otrora presidente, Juan Enrique Kato Rodriguez, el cual no se volvió a ver, dando la primera prueba fehaciente del desvío de recursos. Llama la atención el “mutis” que ha tenido Roberto Herrera, al respecto que a casi dos años de presidir el IEPC, No se le ven intenciones de transparentar cuál fue el destino de ese dinero , tal vez pensará; “lo que no fue en mi año no fue en mi daño”. Si viene él no es culpable, hoy es responsable y podría abonar un poco al prestigio de este desprestigiado instituto.
Hace días, derivado de la cuenta pública 2021 se dio a conocer el pago de un millón y medio de pesos a las ex consejeras Laura Bringas y Mirza Ramírez, por concepto de liquidación. Pero la Auditoría Superior del Estado, determinó su ilegalidad, siendo la diputada Paty Jiménez, la que precisó que no tienen esta prestación, y que por ello se realiza esta observación, y el monto se tiene que reintegrar. El actual consejero Ernesto Saucedo, justifica el pago de las ex consejeras, lo que tan solo pone en evidencia que pretende “curarse en salud” y espera a su retiro, obtener el ilegítimo beneficio. Ahora sabemos, que este desvío de recursos, que pretenden disfrazar como lícita indemnización no es algo nuevo, se realiza desde la presidencia de Enrique Kato, quien no solo escamoteó los 18 millones, también recibió un jugoso e ilegal retiro. Es claro que están confabulados y que se protegen las espaldas, en perjuicio del erario, pero… ¿cuantos están coludidos? y ¿desde cuando? Del IEPC destila pus, y probablemente solo conozcamos la punta del iceberg.
Cuando se habla de liquidación o indemnización, no se piensa en alguna ilegalidad, incluso se puede pensar que es injusto regatear esa prestación. Sin embargo ser “consejero ciudadano” lleva implícita otros derechos y obligaciones, como un ingreso mensual de $108,000, bonos, pago de vacaciones, y aguinaldo muy superiores a los empleos convencionales. Mucho hemos comentado que los consejeros, obedecen a intereses de partidos y no a intereses ciudadanos, como mayoritariamente sucede, por eso un candado importante, es; no tener vinculación con algún partido político dentro algunos años anteriores y posteriores al tiempo que se desempeñan como consejeros
Laura Bringas, no solo recibió un pago que sabe que no le correspondía, también echó por la borda su imparcialidad como consejera, ya que después de terminar su encargo, violando por lo menos la ética, si no es que también la ley, de forma casi inmediata se sumó al equipo de Marina, donde realizó una defensa de este proyecto a ultranza, con lo que deja en evidencia su ilegítima preferencia electoral, además que de ninguna forma cumple con el tiempo que debió haber estado sin activismo político
Un paso importante para una reforma política electoral, debe pasar por una criba, que descarte cualquier posibilidad de simpatía a hacia un partido, pero sobre todo que entienda el valor de la honestidad y el prestigio, y no lo anteponga al del dinero.
