Si revisamos la historia de nuestro país desde el México independiente, se podría resumir en una sola frase: la eterna lucha por el poder. No importa el nombre que se les dé a quienes se lo disputan, sean liberales o conservadores. Ahora, de alguna manera o de formas diferentes, el pretexto es el mismo, como lo escribieron en su ensayo Carlos Tello y Rolando Cordera: La Disputa por la Nación. La reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador sirve, una vez más, para dividir, enfrentar y polarizar a una sociedad cansada de la clase política. Faltaba más, faltaba menos.
En teoría, todas las reformas enviadas al poder legislativo deben de ser discutidas, analizadas, y en su momento ser votadas a favor o en contra. Para aprobar la controvertida reforma electoral, se requiere una mayoría calificada que en este momento el presidente no tiene. También atrás quedaron los tiempos cuando las iniciativas del Ejecutivo pasaban en automático. Eran los años dorados del PRI. La clase política nacional, por lo que significa dicha reforma tiene dividida a la sociedad. Y qué mejor que polarizarla, al final de cuentas, esa clase y los poderes fácticos son los beneficiados. La partidocracia solo busca apoderarse más del IFE, INE o como se pueda llamar en el futuro, porque son ellos los que nombran a los consejeros.
Este 13 de noviembre está programada una marcha en contra de la reforma electoral, organizada por la COPARMEX, Claudio X González, FRENA y “organizaciones civiles”. Y para hacer que la protesta huela a sociedad civil, la encabeza José Woldenberg, a quien, en su momento, Carlos Salinas de Gortari lo hizo presidente del IFE. Y si la privilegiada la clase política mexicana piensa que las y los mexicanos nos chupamos el dedo, están equivocados. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Por ejemplo, todos sabemos los miles y miles de millones que nos cuesta mantener al INE. Los consejeros ganan sueldos millonarios, mientras muchas y muchos mexicanos viven en la pobreza alimentaria.
Y no se diga los partidos políticos, cada mes reciben de nuestros impuestos millones de pesos. Para ilustrar: en todos los Estados de la República, los llamados OPLES destinan de su presupuesto el 48% a los partidos locales. Por supuesto que ninguna reforma que llega al poder legislativo es para aprobarse sin cambiarle una coma. Se supone que en ambas cámaras deben de ser discutidas. ¿Pero qué sucede? En esas instancias legislativas, no se representa al pueblo, solo representan a sus respectivos partidos, y por esa razón, en lugar de discutir una reforma, la discusión es “la disputa por la nación”. En el fondo, lo que está en juego es el poder y los privilegios de los partidos y del INE.
¿Qué pasa cuando no se tiene en el congreso la mayoría calificada? Muy sencillo: hay que sacar la gente a las calles, para abonarle a la discusión de la reforma electoral. Por supuesto, se olvidan que en la constitución existe la figura del plebiscito, figura que funcionó en Chile, cuando los chilenos votaron en contra de una nueva constitución. Pero como se trata de enfrentar a la sociedad, la COPARMEX, Claudio X Gonzáles, el PRI, el PAN, el PRD y organizaciones de la derecha tienen recursos económicos para sacar a parte de la sociedad a las calles para protestar. Independientemente de cualquier pretexto, se le quiere dar un golpe a López Obrador para que lo más pronto posible se vaya a su casa de Tabasco.
