“Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición: Forbes
Las organizaciones denominadas Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que es un instrumento en el cual se registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países que son evaluados.
Por desgracia a México no le fue nada bien en este indicador que como su nombre lo indica es una percepción, de cómo está nuestro país en el combate a la corrupción, que pese a desde el año 2015 se cuenta con la base constitucional y normativa, no se ven resultados positivos.
De acuerdo con el IPC, nuestro país retrocedió dos puestos al caer del sitio 124 al 126, de los 180 países evaluados, constituyendo una de las peores posiciones, a pesar de que durante los dos años anteriores se había mantenido en una calificación de 31 puntos de 100.
Algo no está funcionando adecuadamente, lo que es una realidad latente es que la falta de resultados se ve reflejado en impunidad, es decir, no hay consecuencias definitivas o sanciones de peso, en contra de aquellos funcionarios o particulares involucrados en actos de corrupción.
Es precisamente la ausencia de sentencias firmes de los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, están poniendo en duda la capacidad de la fiscalía general de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.
En muchas mediciones que se llevan a cabo, como el mismo Índice de Percepción de la Corrupción, es la misma sociedad, la misma gente la que señala como a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades.
A pesar de lo anterior las grandes tramas o círculos de la corrupción no han sido sancionados, ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados, situación que se replica en las entidades federativas y los municipios.
El problema además es que hay evidencias pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían estar utilizando a las instituciones con un sesgo político-electoral, lo que impide que realmente haya una justicia imparcial, pronta y expedita.
Si le sumamos a lo anterior, los hallazgos del estudio “Sobre el Combate a la Corrupción en México: Informe país 2020, elaborado por la Universidad de Guadalajara, en el cual se señala con claridad: “Los datos sobre el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad administrativa y los procesos penales reflejan una realidad preocupante para el combate a la corrupción y el Estado de derecho en México”.
Se expresa en los hallazgos de la investigación un conjunto de deficiencias para hacer efectiva la imposición de sanciones cuando se han cometido actos de corrupción.
Estos datos revelan, que algo no está funcionando bien desde el Sistema Nacional Anticorrupción y todos los involucrados, situación que pone en entredicho la labor realizada en ese sector.
