Repugnante e inexplicable la violencia que se ha desatado en nuestro país en los últimos días en contra de menores, y es que tan solo este fin de semana hemos sido testigos de tres hechos que provocan un hastío como sociedad; lo ocurrido en Guerrero, en Michoacán y también en Durango, donde infantes han perdido la vida lamentablemente, algo que no tiene justificación alguna.
Esto no puede ser el reflejo de una comunidad que en su gran mayoría buscamos mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones, y que hoy se impide derivado de la desintegración familiar que prevalece, de la escasa implementación de políticas públicas en materia de salud mental, y de autoridades que se ven rebasadas por la opacidad en la impartición de justicia. Nada puede estar por encima del desarrollo físico y mental de nuestras niñas y niños.
Y es que inmersos en un proceso electoral, donde se renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, tanto los gobernantes y quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, deben dejar de lado las descalificaciones, así como la competencia por ver quién es mejor, hoy, la sociedad exigimos que alguien se ocupe de fomentar el respeto a los derechos de las familias mexicanas, que dejen de lado la ambición por llegar a Palacio Nacional y se emprenda una campaña que fomente los valores. La propuesta de López Obrador de “atacar las causas de raíz” se ha convertido más en una estrategia electorera, pues los resultados positivos aún no se vislumbran.
En el caso de lo que ocurrió en Taxco, Guerrero, es increíble la insensibilidad del alcalde, Mario Figueroa, que haya salido a hablar de “omisión de cuidados” por parte de la madre de Camila, y luego de “omisiones” por parte de la Fiscalía de esa entidad. Me parece que esto refleja poca empatía ante la desgracia de la familia de la menor que perdió la vida y de su incapacidad para buscar tener una corporación policiaca preparada y capacitada para brindar seguridad. Lo del linchamiento a la persona responsable desde luego tampoco se justifica, pero esa precisamente es la reacción de una sociedad que prefiere hacerse justicia por su propia mano, porque no hay confianza en quienes nos representan.
En Michoacán un menor de siete años fue abusado sexualmente y posteriormente asesinado a manos de su tío abuelo, quien luego de estar jugando con otros menores lo llamó a una habitación con los resultados mencionados. O lo que conocimos este fin de semana aquí en Durango, cuando un menor es recibido en el hospital bajo el argumento de su madre y padrastro de que se había caído, algo que resultó falso y la pareja ya fue detenida, pero el menor de tan solo dos años perdió la vida.
No podemos desprendernos de nuestro papel de padres para reprobar todos estos hechos; no avalaremos ser inmunes ante el dolor de las familias; no debemos ser complacientes con quienes abusan de los menores; y tampoco tenemos permitido dejar que los políticos no vean ni escuchen la realidad de nuestro país. Y es que un solo ejemplo de esto es la falta de interés que tiene este gobierno federal por fortalecer instituciones encargadas de la atención de las familias como lo es el DIF, dado que la esposa del inquilino de Palacio Nacional no quiso tomar ese rol.
No se trataba de posturas ni de nombramientos, sino que es un área fundamental de los gobiernos, precisamente para atender, desde el seno familiar, los problemas que todos vivimos. Las causas se atienden entendiendo la problemática, desde el territorio, en los domicilios de las familias, y no desde un “púlpito” desde donde diario se presume que hay reuniones de seguridad. No, atender no significa recibir estadísticas de homicidios en México, es evitar que la violencia en contra de cualquier persona consuma cada vez más a una sociedad que se encuentra desprotegida, pero eso sí, con programas sociales que solo son parte de una estrategia política. Esa es nuestra realidad.
