Los próximos días serán claves en el conflicto que comenzó a finales de la semana pasada entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, derivado de la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de comenzar a revisar si es posible que ellos puedan llevar a cabo el análisis del proceso que siguió la reforma judicial aprobada en el mes de septiembre, durante todavía el gobierno de López Obrador; el asunto es que es un conflicto desigual toda vez que el Poder Legislativo ha entrado a la controversia también en contra de los togados, es decir, el “pleito” se pone dos contra uno.
Y es que si bien esta resolución de la Suprema Corte no representa absolutamente ninguna decisión en torno a avalar, modificar o rechazar las reformas que se hicieron en materia judicial, esto ya causó malestar en los otros dos poderes, donde le principal señalamiento es que los ministros no pueden ver si esas modificaciones constitucionales lo son o no, dado que el proceso legislativo que se llevó a cabo siguió todos los pasos, primero al ser avalado por la mayoría calificada de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, y posteriormente la mayoría de los congresos estatales como parte del Constituyente Permanente, en todos los casos también votada a favor con las dos terceras partes.
Vertientes.
Desde fuera todo parece que se hizo bien, y es la principal defensa de los seguidores de la Cuarta Transformación. El asunto de fondo se traduce en varias vertientes, una ruta muy larga que no sabemos cuánto tiempo se podría llevar, porque apenas se va a revisar hasta dónde es competencia de la Corte analizar si en el proceso legislativo no hubo irregularidades que pudieran haber complicado todos los pasos que siguió, incluso considerando la forma en que obtuvieron la mayoría calificada al no tenerla en el Senado de la República al inicio de la Legislatura. Posteriormente revisar si tienen la facultad de considerarla inconstitucional, que es donde la interpretación de quienes están a favor y en contra terminan “chocando”.
Argumento.
Explican los expertos que las modificaciones a la Constitución Política no necesariamente son justas, y uno de los ministros de la Corte les puso un claro ejemplo a sus colegas afinas a la Cuarta Transformación, cuestionando que si la mayoría que tiene Morena en el Congreso de la Unión y en los estados aprobaran fijar prisión preventiva oficiosa a todas las mujeres que decidieran abortar, lo podrían hacer justamente por esa mayoría calificada, y quedaría en la Carta Magna, es decir sería constitucional, pero eso sin duda violenta los derechos humanos de las mujeres que tomaran esas decisión, motivo por el cual alguien podría interponer un recurso para que esto sea revisado por la SCJN.
Algo similar podría estar ocurriendo si los trabajadores del Poder Judicial estiman que se violentan sus derechos, tienen toda la posibilidad de interponer estos recursos, el problema es que como no hay un antecedente en el máximo órgano judicial con estas características, de ahí la complejidad siquiera para conocer si están facultados.
“El que nada debe…”
Ahora bien, si todo se hizo conforme a lo que establece el proceso legislativo, entonces no tendría por qué haber nerviosismo de los legisladores morenistas como Gerardo Fernández Noroña, como se dice “el que nada debe, nada teme”, entonces deberían tener la confianza de que si no hicieron procesos inadecuados o mediante la presión a los legisladores para que votaran a favor, entonces ¿dónde está el inconveniente en que se revise?
Habrá que considerar también que si la situación en México se vuelve tensa por este conflicto que acaba de iniciar, esto también podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos, donde incluso ya hay antecedentes en este sentido, privilegiando el derecho que tenemos los ciudadanos.
