Una vez que fue detenido el ex secretario de Educación, Rubén “N”, ha trascendido que no solamente pesa en su contra el delito de contratar de manera indebida a un despacho de servicios profesionales, cuya labor nunca se logró justificar y al cual, se le pagó prácticamente un millón 400 mil pesos, sino que también se han logrado documentar otras anomalías bajo su gestión que justificarían dicha detención, pues los excesos fueron enormes y el daño a las finanzas estatales, aún mayor.
Por principio de cuentas, se debe establecer que la Fiscalía Anticorrupción también está investigando, el porque la Secretaría de Educación del sexenio anterior, perdió -aparentemente de forma intencional- 10 mil laudos laborales, lo que significó un golpe al erario estatal del orden de los dos mil millones de pesos que bien se hubieran podido utilizar en obras o en la distribución de programas sociales, por lo que no sorprendería que en dicha anomalía, estuvieran más ex funcionarios involucrados y más órdenes de aprehensión se giren en su contra.
Por si fuera poco, también se dejaron de pagar durante esa gestión, los seguros de vida y seguros de marcha de cientos de trabajadores del magisterio, mismos que terminaron en el desamparo tanto ellos como sus familias, recursos que jamás debieron tocarse y ello se hizo bajo la administración de Rubén “N”, por cierto, muchos de los afectados ya recuperaron ese dinero, pues esta semana, el gobernador Esteban Villegas, les hizo justicia a 475 maestros y maestras, al entregarles esos estímulos económicos en una ceremonia especial, lo que forma parte del Plan de Rescate de los Derechos Laborales.
Incluso antes de terminar su gestión como Secretario de Educación, Rubén “N”: permitió la existencia de personal con compensaciones que rayaban en el absurdo; fue testigo de las nóminas familiares que se hicieron, es decir, personas que jamás fueron a trabajar (aviadores); canceló proyectos de hijos de maestros fallecidos, cuando no pudieron obtener el pago de sus seguros de vida; sin obviar que durante la Pandemia, permitió la distribución de termómetros inservibles, poniendo en riesgo la salud de miles de niños y docentes, de ahí que la detención esté por demás justificada.