El mes de noviembre marcará el inicio de los dos procesos electorales que tendremos en Durango el próximo año, el correspondiente a la renovación de las 39 presidencias municipales y la de una parte de las posiciones de los juzgadores que se someterán al sufragio de los duranguenses, el problema es que en el segundo de los casos existe mucha incertidumbre de cómo se va a desarrollar esa elección, se supone que en estos días comenzarán las pláticas entre los legisladores locales y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia para atender lo que mandata la reforma al Poder Judicial en el plazo establecido en la misma.
En este momento absolutamente todo es una interrogante, pues no sabemos cuántos van a participar y bajo qué condiciones, las fechas en que se podrá hacer proselitismo, las secciones o centros de votación que se habrán de instalar, actos anticipados de campaña, financiamiento y tope de gastos de campaña, entre otros. Máxime cómo será el proceso para transparentar el uso de los recursos y evitar que grupos ajenos “patrocinen” a algún aspirante a juez o magistrado de distrito, en el caso de lo que correspondería a Durango; es decir, la propia urgencia por hacer esta reforma y su implementación habrán de generar un verdadero caos en ese proceso, pero peor aún habrá bastantes inconformidades en cuanto al resultado, y eso si le agregamos que tampoco se han establecido los mecanismos para denunciar y sancionar irregularidades.
INE.
Y es que no es asunto menor el hecho de que ni siquiera se esté considerando, hasta este momento, el recurso que se tendría que aplicar en la elección de los juzgadores en junio del 2025, pues el Instituto Nacional Electoral (INE), está por presentar su proyecto de presupuesto para el próximo año, mismo que asciende a poco más de 27 mil millones de pesos, donde destaca su mantenimiento ordinario, prerrogativas, elecciones en Durango y Veracruz, arrendamientos, entre otros, pero no está considerado un monto específico para la renovación de jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial. Es decir, la Cámara de Diputados deberá adecuar la propuesta de este instituto para incrementarle o determinar de dónde se obtendrá ese dinero, porque hasta este momento no hay nada estipulado.
Caos.
Esto está destinado al caos total, y lo digo porque de origen todo se ha hecho mal, pues si el objetivo era hacer esas modificaciones constitucionales bien se pudieron haber esperado Morena y sus aliados para hacer los pasos como deberían, sin importar que el “regalo” que le dieron a López Obrador llegara un poco después, finalmente en septiembre, en octubre y lo que resta de la legislatura en San Lázaro van a tener la mayoría calificada, y dejar todo para el 2027. Este tipo de “aceleres” legislativos y decisiones gubernamentales solo nos van a llevar a una ingobernabilidad en el Poder Judicial, a aletargar más los procesos judiciales en marcha, pues la dinámica judicial no se detiene, y menos a esperar como se “politiza” uno de los poderes de la nación, solo por un “obsequio”.
TSJ.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia en Durango, y dicho por el propio magistrado presidente, Gerardo Bonilla, estarán atendiendo lo que mandata esa reforma a nivel nacional y ha asegurado que hay la apertura al diálogo con los integrantes del Congreso del Estado, es decir, en lo ocal no habría mucho que “discutir” pues la propia ley estableció un plazo de 180 días a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que los estados hagan lo propio en sus respectivos tribunales. Pero sí es importante que los legisladores escuchen las propuestas de quienes conocen a fondo el ejercicio de la justicia, pues será interesante que exista armonía en el desarrollo de los trabajos que se avecinan.
