Hace poco más de un mes inició de manera formal el proceso electoral local para renovar las 39 presidencias municipales de nuestro estado, y de acuerdo al calendario electoral la intensidad en cuanto a la movilidad de los partidos comenzará a partir del 15 de enero cuando comiencen las precampañas para el primer grupo de municipios, es decir, los más grandes, y así consecutivamente iniciarán todos hasta concluir con el grupo de municipios más pequeños; se supone que para esas fechas los “amarres” al interior de cada instituto político habrán quedado listos, toda vez que ese tiempo se ha acostumbrado, recientemente, a utilizarse por un candidato único, vamos, ya para que inicie su campaña y tener más días con exposición mediática y social.
El asunto podría no ser tan complicado para los institutos electorales, toda vez que su propia esencia radica en la organización de las contiendas electorales, pero hoy será distinto, pues ahora también tendrán que ser los responsables de elegir a los próximos juzgadores a nivel nacional y local, dadas las recientes reformas al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia, con un gran inconveniente, no solo no les quieren aprobar la solicitud de presupuesto, sino que ahora hasta se pretende que haya una disminución en el mismo, osea organizar dos elecciones en una con menos dinero, sin contar con que logísticamente se requieren estrategias en paralelo, una labor algo complicada.
Tribunal de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia en Durango ya hizo su labor respecto a los espacios que se habrán de someter al sufragio popular, pues además de que serán todas las magistraturas, se determinó que serán 28 jueces los que dejarán el encargo, algunos con la intención de registrarse y participar en la elección, y algunos otros tendrán su retiro basados en la posibilidad de jubilarse. Aquí también se habrá de contemplar un mayor presupuesto para el Poder Judicial en Durango, pues de los casi 800 millones de pesos para el 2025, 120 millones de pesos serán solo para el pago de liquidaciones a quienes dejarán su puesto, y que por obligación el “patrón”, en este caso el Tribunal, tendrá que realizar, ya sea que se le apruebe dicha propuesta o de plano disminuir algunos rubros al interior para cumplir con esa obligación.
Convocatoria.
Hoy jueves, en sesión del Congreso del Estado, se estará analizando y en su caso votando, la convocatoria para la elección de los juzgadores, y será de una manera muy similar a lo que ocurre en lo nacional, pues los tres Poderes de la entidad propondrán a sus candidatos para que formen parte de la boleta en junio próximo. Seguramente se establecerá en la convocatoria los criterios de selección mediante un comité que avale las candidaturas, tal cual ocurre en lo nacional, pues no todos los que quieren podrán estar, por lo que será interesante conocer el perfil de los que habrán de decidir, pues en el caso de lo federal, tanto el Ejecutivo como el Ejecutivo, ya sabemos cómo están definiendo.
Incertidumbre.
El “acelere” en la aprobación de las reformas en el país nos sigue dejando con más dudas que respuestas, pues existe la incertidumbre en asuntos como los topes de campaña, quién va a fiscalizar a los candidatos a ministros, magistrados y jueces, si habrá debates, quién los va a financiar y cómo deberán demostrar los recursos que le invierten a su campaña, si serán centros de votación o secciones electorales, entre otros. No hay certeza de nada, y el tiempo avanza, por lo que es natural que muchos mexicanos estemos prácticamente dando por hecho que los resultados no serán los que los promotores de las reformas consideraron.
Pues de los legisladores federales dependieron las reformas constitucionales al Poder Judicial, y también en los propios legisladores dependerá que la asignación de los recursos sean los suficientes para que los institutos electorales puedan hacerle frente a esa gran responsabilidad. Así de sencillo.
