La reforma constitucional que realizó el expresidente López Obrador establece que para el mes febrero del presente año, los 33 institutos de transparencia de México tendrán que dejar de funcionar; en lo que respecta al INAI el mayor de los riesgos se localiza en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La construcción de la PNT nos costó mucho, tanto en lo económico, en lo teórico y en su funcionamiento, y es resultado de un esfuerzo de más de veinte años y muchos recursos económicos. Muchas versiones apuntan a que la PNT no desaparecería, porque la propuesta plantea que las funciones del INAI sean absorbidas por el Ejecutivo Federal a través de las instituciones que tiene a su cargo.
El riesgo de ya no contar con la PNT se corre con alrededor de 7000 autoridades estatales y municipales, que ya no estarían obligadas a subir su información a la Plataforma, incluso es probable que las Instituciones y diversos órganos de gobierno solo recurran a publicar su información en sus páginas de Internet y a recibir solicitudes por cualquier mecanismo.
Consideraciones sobre el futuro de la PNT son:
¿Cómo será la transición y el traslado de de las funciones del INAI a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno?
¿Cuáles son las maneras o candados que se tendrán para asegurar la información que tiene hospedada la PNT?
El fomento a la transparencia debe radicarse o debería radicarse desde otros puntos de vista, que permitan a las y los ciudadanos de a pie, el conocer en qué se gasta el dinero público.
Se tiene que dejar en claro que la desaparición del INAI y el IDAIP, no elimina los derechos de acceso a la información y transparencia, pero sí modifica la regulación que se tenía. Y establece que se tendrá que realizar una adecuación secundaria para precisar los mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a la información y proteger sus datos personales.
“Ante la extinción de los organismos autónomos de transparencia como el IDAIP, que es una institución técnica, independiente, especializada y profesional, que ha sido la responsable de garantizar estos dos derechos humanos a lo largo de 20 años, se prevé una etapa de transición jurídica y administrativa que será apegada a los tiempos que marca la propia Reforma Constitucional y de acuerdo a los procesos Legislativos Federales y Locales en los que se adecuen las normas aplicables, es decir, se está en espera de la emisión de la Leyes Generales y estatales en la materia, situación por la que el Comisionado Presidente del IDAIP, hace un llamado a seguir aplicando la normatividad vigente mientras entra en vigor el nuevo modelo.” se cita en el primer comunicado que hizo público el Comisionado Presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, Lic. Julio César Eláceo Fernández .
