La nueva conformación del Poder Judicial local en el estado de Durango enfrenta un trabajo amplio y complejo que involucra a todas sus áreas. Tras el primer proceso electoral en el que se eligieron jueces, magistraturas y se conformó un nuevo órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura, ha llegado el momento de dejar atrás las apariencias y centrarse en las experiencias.
Los retos que deben afrontarse en el corto y mediano plazo no son desconocidos para quienes utilizan los servicios del Tribunal Superior de Justicia. A bote pronto, salta a la vista la necesidad de contar con instalaciones más amplias y dignas, que brinden condiciones óptimas tanto al personal judicial como a las y los integrantes del gremio de la abogacía.
Renovar su identidad frente a la sociedad es indispensable. Sin embargo, este acercamiento con la ciudadanía debe concebirse como un ejercicio de transparencia institucional, no como una estrategia de promoción personal o protagonismo estéril. El hecho de que las y los juzgadores hayan sido electos mediante el voto popular, un fenómeno inédito a nivel nacional, implica un nuevo significado en su papel: más que fama o visibilidad, lo fundamental es saber qué funciones desempeñan y cómo estas pueden mejorarse en beneficio del pueblo de Durango.
Diagnosticar, evaluar y transparentar son tres acciones esenciales que deben adoptarse como ejes rectores de la nueva etapa del Poder Judicial local. No como una consigna discursiva, sino como prácticas sustantivas de servicio público. A pesar de los diagnósticos pesimistas y las voces críticas que anticipaban retrocesos, es momento de demostrar capacidad, equilibrio, criterio y compromiso. El cambio debe traducirse en resultados que garanticen una impartición de justicia a la altura de una sociedad que acudió a las urnas con plena conciencia del poder de su voto.
La renovación del Poder Judicial no debe limitarse a aspectos estéticos ni al uso superficial de los reflectores. La verdadera transformación se debe gestar desde el interior: con procesos judiciales apoyados en tecnología; con el desarrollo de carreras judiciales sólidas, alejadas de intereses políticos y más cercanas a la realidad social; y con una perspectiva cualitativa, donde la confianza ciudadana refrendada en las urnas sea el motor que impulse a las nuevas autoridades judiciales.
