La reforma electoral ya dejó de ser un simple planteamiento en discursos de campaña para convertirse en un proceso tangible. No es un proyecto menor: desde la Presidencia de la República se ha formado una comisión especial para conducirla, signo inequívoco de que la presidenta Claudia Sheinbaum la coloca en el centro de su agenda política y de gobierno.
No se trata de cualquier equipo. Al frente está Pablo Gómez, un veterano de la izquierda mexicana, curtido en las batallas parlamentarias y en la defensa de causas históricas. Lo acompañan figuras de absoluta confianza para la mandataria: Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación; José Peña Merino, responsable de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, desde la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores; y Arturo Zaldívar, operador político de primer nivel. Son, sin duda, el círculo más cerrado y estratégico del poder presidencial. 
El objetivo es ambicioso: lograr la mayor participación posible en consultas, foros y mesas de discusión que arrancarán en octubre. Se abrirán las puertas a organizaciones sociales, partidos políticos, comunidades indígenas, académicos, investigadores, legisladores y ciudadanos en general. La narrativa oficial es clara: se quiere escuchar a todos para evitar que “nunca más en nuestro país regrese un fraude”. Y legimitar desde el pueblo la reforma
Pero la verdadera pregunta es: ¿qué se pondrá sobre la mesa en estos debates? Más allá de la retórica de inclusión, este será el escenario donde se disputen temas que tocan las fibras más sensibles de la democracia mexicana: la integración y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento a partidos, los mecanismos de fiscalización, el uso de tecnología en comicios, y las reglas para garantizar la equidad en la contienda. En terminos oficiales se discurian en el foro 14 temas:Libertades políticas,representación del pueblo,sistema de partidos,Financiamientos y prerrogativas de partidos,Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales,efectividad del sufragio,regulación de la competencia político-electoral,libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas,propaganda de poderes y organismos públicos,sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero ,autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales,requisitos de elegibilidad.,Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo,Consultas populares y revocaciones de mandatos
Si bien el llamado es abierto, el trasfondo político es inevitable. La reforma se discute en un momento donde el oficialismo domina el Congreso, la oposición busca rearticularse y la ciudadanía exige transparencia y resultados. Será aquí donde se mida la capacidad de Sheinbaum para construir consensos sin ceder en su visión de transformación, y donde se sabrá si su gobierno está dispuesto a escuchar y no sólo a imponer.
La historia demuestra que cada reforma electoral en México ha sido hija de su tiempo: la de 1977 abrió la puerta al pluralismo, la de 1996 dotó de autonomía al árbitro electoral, y las más recientes han intentado equilibrar los costos y garantizar la representación. La de 2025 podría ser recordada como la que modernizó —o debilitó— las reglas del juego democrático.
En este calendario político, las fechas comienzan a adquirir peso específico:
Octubre de 2025: Inicio de consultas, foros y mesas de discusión a nivel nacional.
Noviembre de 2025: Sistematización de propuestas ciudadanas y de actores políticos.
Diciembre de 2025: Presentación del anteproyecto de reforma ante el Congreso.
Primer trimestre de 2026: Discusión legislativa y eventual aprobación.
El pulso ya está en marcha. En los foros habrá aplausos, reclamos y advertencias. Habrá quienes vean en esta reforma una oportunidad para perfeccionar el sistema electoral, y quienes la perciban como un intento de control político. El desenlace dependerá de qué tanto este proceso logre mantenerse como un ejercicio ciudadano y no como un guion ya escrito desde Palacio Nacional.
La democracia mexicana, con todos sus defectos y virtudes, está frente a una cirugía mayor. El bisturí ya está en manos del equipo presidencial. Resta ver si la operación será para sanar o para moldear un paciente a la medida del poder en turno.
