De acuerdo a la postura de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, así como del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, se pretende poner orden a las concesiones de agua en todo el territorio nacional; algo que sin duda es algo positivo, pues es importante que se acaben los privilegios que muchas personas tienen en torno al manejo, muchas veces a discreción, del líquido vital, donde incluso están involucrados políticos que se sienten “intocables”, como el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien tenía posesión de una presa de forma irregular. Casos como este, y seguramente muchos más, son los que esta dependencia habrá de dar un “manotazo” en la mesa, y no permitir este tipo de abusos, ya que el líquido vital es un recurso al que todos debemos tener acceso, sin condicionamientos.
Cifras.
De acuerdo a las cifras que se dieron a conocer ayer en la conferencia “mañanera” de la Jefa del Ejecutivo, se informó que de los más de 482 mil títulos de concesión que se revisaron, que representan un 90 por ciento del total, en casi 59 mil se detectaron algunas anomalías, como el hecho de la falta de claridad en la fecha de la vigencia, la falsificación de documentos, coordenadas incorrectas, incluso muchas de éstas ubicadas en otros países y también el hecho de que en algunos casos el uso que se le da al agua es distinto a lo que estipula el propio título. De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, para este 2025 el cobro aproximado por concesión oscila en casi los seis mil 500 pesos, si consideramos que los casi 59 mil títulos podrían no estar pagando, entonces hablamos que no han ingresado a las arcas federales casi 390 millones de pesos, tan solo este año, habría que añadir cuántos años llevan muchos títulos sin refrendarse.
Sanciones.
El Gobierno Federal habrá de presentar una iniciativa al Congreso de la Unión, a fin de que se endurezcan las sanciones y exista una mejor regulación de estos títulos, porque la “inquilina” de Palacio Nacional lo dejó muy claro, no se tolerará que el agua se utilice como un activo económico, y que se obtenga un beneficio del mismo; en algunas situaciones, se podrá solicitar que los volúmenes del líquido vital, que hayan sido concesionados, regresen a la rectoría del gobierno. Este debe ser un asunto de interés nacional por las características que conlleva, es decir, a todos nos debe importar por el simple hecho de que es un recurso finito, y debemos velar que se le dé un buen uso, porque al agotarse todos estaríamos siendo perjudicados, porque no estamos lejos de que sea un grave problema, máxime con los niveles de sequía que se han registrado en años anteriores.
Regularización.
Por otra parte, me parece que no se trata de ser autoritarios en las decisiones que implemente la Federación en torno a las concesiones que están irregulares, de ahí que la Conagua ha expresado que se estarán instalando mesas de asesoría para que haya una regularización de todas éstas. Y lo ideal es que se le pueda dar prioridad a la atención al campo, máxime cuando en la narrativa oficial se ha asegurado que México deberá llegar a la autosuficiencia alimentaria, y solo se lograría con la certeza de que llegará el agua a todas las regiones productivas del país, como en el caso de Durango, dándole impulso y valor agregado a lo que aquí se produce; sobre todo, sin proteger a nadie y que todo se haga con total transparencia.
Durango.
Será fundamental que todo lo anterior se “aterrice” en el corto plazo, pues en el caso de Durango, con la construcción de la presa El Tunal II, seguramente se habrán de expedir algunas concesiones para el uso del vital líquido, y una vez quedando bien sustentado cómo estará regulado, y que concluyan los trabajos de esta magna obra para la entidad, habrá una certeza jurídica y social de quién podrá acceder a estos títulos. Vale la pena que todo esto se prevenga antes de que se genere algún inconveniente entre quienes aspiren a beneficiarse de esta presa.
