El gobierno federal ha emprendido una estrategia que desmontar la protección institucional al crimen organizado y ha puesto bajo la lupa a funcionarios señalados por su relación con redes criminales, porque se requiere desterrar el hampa si tomamos en cuenta que en política la forma es fondo y viceversa, como decía en su tiempo Jesús Reyes Heroles, y así comenzamos nuestra cuenta.
1.- En la conducción del “Operativo Enjambre” participan el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que se integra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, corporaciones estatales y personal del Centro Nacional de Inteligencia. Desde ese frente se articulan las investigaciones, se concentran los expedientes y se definen los momentos de intervención y movilización de los elementos.
2.- Esta estrategia ejecuta órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas. La operación se diseñó para actuar de manera simultánea en distintos municipios, con el fin de evitar filtraciones internas y reducir la posibilidad de que los investigados evadan la acción de la justicia. 
3.- En su primera jornada logró ejecutar siete de las 14 órdenes de aprehensión emitidas en la fase inicial. Dos semanas después, el número de detenidos alcanzó a 24 personas en 11 municipios del Estado de México. El último caso, el pasado jueves, el ayuntamiento de Tequila, investigados por presuntos esquemas de extorsión, desvío de recursos públicos y un posible vínculo con una célula del CJNG que opera en la región. En Durango, ya se investiga a un excandidato a alcalde.
4.- La activación formal ocurrió el 22 de noviembre de 2024 por la mañana. Detrás de ese arranque hubo meses de trabajo previo, marcado por investigaciones que comenzaron tras el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas en entidades como Jalisco, Sinaloa o el Estado de México.
5.- Desde la óptica de las autoridades, el foco no se limita a las estructuras criminales que operan en las calles, sino a los engranajes institucionales que permiten su permanencia en determinados territorios. El operativo se orienta a desarticular las cadenas de protección dentro de gobiernos municipales y áreas de seguridad que, de acuerdo con las investigaciones, facilitan la operación de grupos delictivos.
6.- En este caso se esperan más acciones en políticos vinculados con el grupo de “La Barredora”, en nuestra entidad hay personajes que buscaron su beneficio personal al tratar de cobijarse con algunos políticos como Adán Augusto López señalados por su relación con la delincuencia organizada, por lo que en Durango han tratado de desligarse desde algunas diputadas locales hasta la alcaldesa de Gómez Palacio, Betsabé Martínez, quien formó parte de su equipo en la Secretaría de Gobernación, entre otros.
Es tiempo de hacer a un lado la intromisión de la delincuencia organizada dentro de las esferas gubernamentales y erradicar la extorsión, el pago de derecho de piso, el secuestro y los “moches”, a cambio de una protección que no existe y sólo daña al pueblo.
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