En un país donde el salario mínimo apenas rebasa los 315 pesos diarios y millones de adultos mayores sobreviven con una pensión universal de 6 mil 200 pesos bimestrales, resulta ofensivo, por decir lo menos, que existan ex funcionarios de alto rango que reciben hasta un millón de pesos mensuales por concepto de pensión; ante ello la Presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso una iniciativa para eliminar las llamadas “pensiones millonarias” que aún subsisten en empresas productivas del Estado y organismos financieros públicos; no sería un ajuste por “encimita”, es un mensaje político y ético en un momento donde el discurso de austeridad debe traducirse en hechos concretos, y donde eliminar privilegios, que pocos tienen, resulta una medida necesaria, un vicio que incluso ya tiene años, y no se había hecho nada al respecto.
Los números.
Durante la mañanera de ayer, se detalló que en organismos como la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y Bancomext, entre otros, existen esquemas heredados que permiten que ex trabajadores de confianza de alto nivel perciban pensiones que oscilan entre 300 mil y hasta un millón de pesos mensuales. Se explicó que estos casos derivan de contratos especiales y regímenes previos a las reformas en materia de austeridad; por ello la Presidenta fue clara, no se trata de afectar a trabajadores de base ni a jubilaciones ordinarias que están dentro de los esquemas de contratos colectivos de trabajo, sino de revisar y cancelar privilegios desproporcionados; el argumento es sencillo, en un país con restricciones presupuestales, no puede haber mexicanos de primera con retiros “dorados” mientras la mayoría enfrenta condiciones precarias.
Sin transparencia.
Muchos de estos esquemas se aprobaron en décadas pasadas, cuando las empresas públicas operaban bajo lógicas corporativas y sin controles estrictos de transparencia. Se trata, en varios casos, de personas que ocuparon cargos directivos durante periodos relativamente cortos y que, gracias a cláusulas contractuales específicas, aseguraron ingresos vitalicios muy por encima del promedio nacional; el contraste es enorme, mientras un jubilado del IMSS o del ISSSTE recibe una pensión promedio que ronda entre 8 mil y 16 mil pesos mensuales, algunos ex directivos del sector energético o financiero estatal perciben cantidades 50 o hasta 100 veces mayores; el problema no es la legalidad original de esos contratos, el problema es la moral pública que hoy exige revisar lo que resulta evidentemente excesivo. 
Límites claros.
La iniciativa que se enviará al Congreso busca cerrar la puerta a estas distorsiones y establecer límites claros a las pensiones de alto rango en entidades públicas. Según lo expuesto, los recursos que se liberen podrían destinarse a fortalecer programas sociales prioritarios, infraestructura o servicios básicos; sobre todo en un contexto donde el Gobierno Federal ha defendido la ampliación de apoyos como la pensión universal para adultos mayores, las becas estudiantiles y los programas de bienestar, resulta congruente revisar privilegios que “drenan” los recursos públicos; es claro que la austeridad no puede ser selectiva, y no puede aplicarse únicamente a la burocracia media mientras se mantienen intactos beneficios extraordinarios para una élite administrativa, sin saberse, hasta el momento, a cambio de qué se otorgaron en su momento.
Enriquecimiento perpetuo.
Eliminar pensiones que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales envía el mensaje de que el servicio público no debe convertirse en un mecanismo de enriquecimiento perpetuo, y debe servir de ejemplo en todo el país, para todos los niveles de gobierno; de hecho, nadie discute el derecho a una jubilación digna, cuando se haya desquitado esa pensión con años de servicio, lo que se cuestiona es el exceso. La discusión apenas comienza y seguramente habrá resistencia, pero deberá ser una propuesta que pase con la unanimidad de todos los partidos. Al menos así lo creo, simplemente por coherencia.
