Faustino Armendariz Jiménez, Arzobispo de Durango, hizo unas declaraciones que podrían pasar a la historia: “¡La despenalización del aborto no es negociable!”. ¿No habrá quien le diga al señor Arzobispo que vivimos en un estado laico, es decir, la separación iglesia y del estado? No creemos tampoco, que en su círculo cercano de amigos, no tenga un abogado con grado de doctor en derecho, que le explique el alcance de lo que significa la sentencia que dicta un tribunal colegiado.
Todas y todos, podemos estar a favor o en contra del tema del aborto, sin importar la religión que profesemos, pero esa es, otra historia. A la autoridad responsable que señalan quienes promovieron el juicio de amparo, es Congreso del Estado para que deroguen tres artículos del código penal. La sentencia a favor de quienes promovieron dicho juicio, vino de la segunda sala colegiada del Vigésimo Quinto colegiado de circuito con sede en Durango. Dicha sentencia, le ordena al Congreso del Estado, derogar tres artículos que la sala colegiada considera inconstitucionales.
Durango será sin duda, el estado número veinticinco donde el código penal del estado que trata dicho tema, será inconstitucional. El señor arzobispo en sus declaraciones a los medios comentó: “Ya hablé casi con todas y todos los diputados locales y me han manifestado estar a favor de la vida”. Afirmó también, que las y los legisladores locales son personas con valores, de familias cristianas, católicos y que no deben ser incoherentes a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, el asunto no es para tomar decisiones, se debe de acatar la sentencia que dictó la segunda sala del tribunal colegiado. 
En este contexto, hasta donde sabemos, el congreso del estado interpuso un recurso de queja, en contra de la sentencia del tribunal. Sin embargo, creemos que ese recurso es una táctica dilatoria para alargar lo más posible lo que tarde o temprano tendrán que acatar. Y esto significa, derogar los artículos que de acuerdo a las Suprema Corte de Justicia de la Nación en veinticuatro entidades del país, las consideró inconstitucionales. ¿Qué les podría pasar a las y los diputados del congreso si no acatan la sentencia del Tribunal Colegiado? En el artículo 193 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo dice lo siguiente: “se reitera que si hay incumplimiento se remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de la persona titular de la autoridad responsable”. Entonces, a las diputadas y diputados del congreso local más les vale que le midan el agua a los camotes.
Pero también, hablando de mujeres y traiciones, las declaraciones del señor arzobispo tienen la otra cara de la moneda: los derechos humanos que ya son fundamentales en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte. Como por ejemplo el desarrollo libre a la personalidad y que las mujeres pueden decidir libremente sobre su cuerpo. Nuestras diputadas y diputados quizás sean lo que dijo el arzobispo: “con valores, cristianos, y de buenas familias”. Ese es su derecho y muy respetable, pero como legisladores están obligados a acatar la sentencia del Tribunal, sin importar la religión que profesen. Fueron electos para que sean nuestros representantes populares y no, para que obedezcan a una autoridad eclesiástica. “Al César lo que es del César, y Dios lo que es de Dios”.
