La política mexicana nos ha acostumbrado a los discursos encendidos sobre la austeridad, la ética pública y el compromiso con el pueblo, sin embargo, una vez más, la realidad exhibe una distancia incómoda entre lo que se dice y lo que se hace.
El caso del diputado federal Sergio Mayer, militante del partido MORENA, es un ejemplo claro de esa doble moral que tanto se critica desde el poder, pero que también se practica.
Mayer solicitó licencia para participar en un reality show en Estados Unidos argumentando, según lo dijo en La casa de los famosos, que necesitaba ingresos para pagar la educación de sus hijas; una justificación que, en lo personal, podría resultar comprensible para millones de mexicanos que luchan diariamente por sostener a sus familias pero, el problema no es que un padre quiera mejores oportunidades para sus hijos; el problema real es que ese padre ocupa un cargo público con un sueldo privilegiado financiado con recursos de todo el pueblo mexicano. 
Un diputado federal en México percibe aproximadamente 75 mil pesos mensuales, además de, apoyos, prestaciones, asesores, viáticos y recursos para gestión; todo esto representa ingresos que superan con creces los de la mayoría de los mexicanos tomando en cuenta que el salario mínimo en la mayor parte del país oscila en los 315 pesos diarios.
Entonces surge una pregunta inevitable:
¿Realmente era necesario abandonar temporalmente su responsabilidad legislativa para obtener ingresos adicionales en televisión?
Más grave aún es que, tras su eliminación del programa, el legislador solicitó formalmente su reincorporación a la Cámara de Diputados, misma que fue vista con buenos ojos por la coordinación parlamentaria encabezada por Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que “tiene todo el derecho a reincorporarse” que, derecho legal, sí. pero ¿y la congruencia política?
La contradicción se vuelve todavía más evidente si se considera que el propio partido lo amonestó y abrió un proceso interno a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ante la cual ni siquiera se presentó a comparecer, es decir, un legislador sancionado, con derechos partidistas en entredicho y ausente de un proceso disciplinario, puede volver sin mayor explicación a ocupar una curul que representa a millones de mexicanos.
Esta situación envía un mensaje negativo y es que entonces las reglas internas y los principios partidistas son flexibles cuando se trata de figuras mediáticas o políticamente convenientes.
MORENA ha construido gran parte de su narrativa en la idea de ser diferente a los partidos del pasado, de no tolerar privilegios ni frivolidades en el servicio público, sin embargo, permitir que un legislador abandone su cargo para participar en un espectáculo televisivo y después regrese como si nada contradice frontalmente ese discurso.
No se trata de juzgar la vida privada ni la carrera artística de nadie, se trata de la seriedad con la que se asume una representación popular, ser diputado no es un empleo temporal ni una plataforma secundaria, es un mandato ciudadano.
Por ello, sería importante escuchar la postura de los diputados de MORENA en Durango ante estos hechos. ¿Respaldan la reincorporación sin consecuencias? ¿Consideran adecuado que un legislador priorice un reality show sobre su función pública? ¿O guardarán silencio para evitar incomodidades dentro de su propio movimiento?
La política necesita coherencia, cuando los principios se aplican selectivamente, dejan de ser principios y se convierten en conveniencia y, cuando el discurso de austeridad convive con privilegios y excepciones, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de un partido, sino la confianza ciudadana en las instituciones.
Al final, la pregunta no es si Sergio Mayer tiene derecho a regresar a su curul, la verdadera pregunta es si MORENA tiene la autoridad moral para seguir proclamándose distinto mientras tolera exactamente aquello que prometió erradicar.
Porque en política, como en la vida, no basta con decir que se es diferente… hay que demostrarlo.
