Se avecina uno de los escándalos más fuertes para la Cuarta Transformación, máxime porque allá por el año del 2017 y 2018, el entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusaba que existían en el Gobierno Federal delincuentes de “cuello blanco”, y que, de llegar al Ejecutivo, acabaría con todas esas prácticas que ocasionaban un importante daño al erario. Hoy esas palabras de convierten en una auténtica falacia, pues el caso de Fernando Farías, el ex marino acusado de huachicol, podría generar un “sismo” a quienes en el discurso prometieron que serían diferentes, y no fue así; además el entonces “inquilino” de Palacio Nacional aseguraba que todo lo que ocurría en el país, pasaba por su oficina, y este caso ni modo que lo haya desconocido, por lo que la información que el detenido en Argentina brinde, será vital en cuanto a lo que ocurra aquí, pero también en la relación con Estados Unidos.
Aliado.
Si existe un Jefe de Estado que busque quedar bien con el presidente norteamericano, Donald Trump, es precisamente Javier Milei, quien, por cierto, no ha dicho mucho en torno a su disposición para extraditar a México a Fernando Farías, y quizá la información que obtenga podría ser enviada a Washington, para que desde allá se inicien las investigaciones y así conocer quién y por qué concedió la práctica del huachicol, sobre todo qué funcionarios están involucrados. Se supone que la Presidenta, Claudia Sheinbaum ha fijado una postura de “tope donde tope”, a sabiendas que esto podría incluir al círculo más cercano de López Obrador, como el caso de su ex secretario de marina, José Rafael Ojeda Durán.
Presión.
La eventual participación de agencias estadounidenses en este caso puede cambiar por completo el rumbo de la investigación, no solo por la capacidad técnica que tienen para rastrear operaciones financieras internacionales, sino por el interés estratégico que representa el combate al tráfico ilegal de combustibles; en ese sentido, la cooperación entre México y Estados Unidos podría tensarse si se confirma que desde territorio nacional se permitió, por omisión o complicidad, una red de esta magnitud, y de ser así el gobierno tendrá que decidir si mantiene el discurso de continuidad o si realmente marca distancia con prácticas que hoy comprometen a la administración pasada encabezada por el tabasqueño, pero el problema es que cualquier decisión tendrá costos políticos. 
Alcance.
Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de un ex mando naval, sino la posible existencia de una estructura institucional que permitió el llamado huachicol durante años, y si se confirma que esta práctica operaba desde aduanas, puertos y dependencias federales, estaríamos frente a un esquema de corrupción mucho más complejo que el robo tradicional de combustibles; aquí no hay tomas clandestinas ni pipas robadas, hay facturación simulada, triangulación de recursos y evasión fiscal a gran escala. Por eso la declaración de Fernando Farías podría convertirse en una pieza clave para reconstruir toda la red; y es ahí donde los nombres comienzan a pesar. La sola mención de figuras cercanas al poder, como José Rafael Ojeda Durán, genera inquietud dentro del propio oficialismo, que ha construido su narrativa en torno a la “honestidad” como eje central.
Consecuencia.
En política, los escándalos no se miden solo por lo que revelan, sino por el momento en que estallan, y éste llega en un contexto particularmente delicado, con un gobierno que busca consolidarse y una oposición que, aunque debilitada, encuentra en estos casos una oportunidad para reagruparse. La información que surja desde Argentina puede convertirse en “arma” política de alto calibre, capaz de incidir en la percepción pública y en los equilibrios internos del poder, porque más allá de las responsabilidades individuales, lo que se pondrá a prueba es la credibilidad de todo un proyecto político que prometió ser distinto.
