Los días siguen transcurriendo y el Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), continúa sin proceder en la detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios más, entre ellos el legislador Enrique Inzunza, provocando con ello que la “cuerda” se tense todavía más, porque bajo el argumento de la falta de pruebas para poder llevar a cabo esta detención con fines de extradición, me parece que la administración federal busca ganar tiempo, no para cambiar las cosas, porque el “golpe” está dado a Morena y a algunos de sus militantes, simple y sencillamente para seguir “abonándole” a la narrativa de que son acciones de corte político por parte de Estados Unidos y que todo ha sido aprovechado por la oposición en México para desacreditar el movimiento cuatroteísta. El problema es que las autoridades judiciales de nuestro vecino país tienen otra “agenda”, y por lo visto llegará el momento en que se deberá atender desde este lado.
Narrativa.
Lo más delicado para Morena no es solamente el señalamiento que pesa sobre varios personajes de ese movimiento, sino las contradicciones en las que han caído algunos de sus principales operadores políticos. Ahí está el caso de Ricardo Monreal, quien en entrevistas públicas ha buscado minimizar el impacto de las solicitudes provenientes de Estados Unidos, insistiendo en que se trata de un asunto mediático o incluso político; sin embargo, en sus colaboraciones escritas y análisis de fondo, el propio zacatecano ha reconocido que este instituto político debe alejarse de cualquier vínculo con grupos delincuenciales, tal y como en su momento, según él, se distanciaron del poder económico. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿cómo puede hablar de romper relaciones con esos grupos si supuestamente dichas ligas no existen? La contradicción es evidente y deja entrever que dentro del oficialismo saben perfectamente que el problema está presente, aunque públicamente intenten desacreditarlo.
Tiempo.
La estrategia del Gobierno Federal parece enfocada en resistir políticamente el desgaste mientras se busca evitar una fractura mayor al interior de Morena, porque una acción inmediata contra Rocha Moya y el resto de los señalados significaría aceptar, de manera indirecta, que existen elementos suficientes para proceder. El problema para Palacio Nacional es que cada día que pasa sin actuar provoca una percepción de protección e impunidad; en política, el tiempo suele ser aliado cuando las crisis son pasajeras, pero en este caso pareciera convertirse en enemigo, porque Estados Unidos no acostumbra hacer acusaciones de este tamaño para después dar marcha atrás; de hecho según expertos en el tema tarde o temprano llegarán más datos, más nombres y quizá nuevas solicitudes judiciales que pondrán a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas. 
Costo.
Morena enfrenta quizá la crisis de credibilidad más fuerte desde su llegada al poder, porque durante años construyeron una narrativa basada en que eran diferentes al pasado, que no pactaban con intereses oscuros y que combatirían la corrupción sin importar quién estuviera involucrado. Hoy ese discurso comienza a “resquebrajarse” no solo por las acusaciones externas, sino porque varios de sus propios dirigentes han dejado ver que conocen la gravedad del asunto. Cuando Monreal habla de deslindarse de grupos criminales, reconoce implícitamente que existe una cercanía peligrosa entre ciertos actores políticos y organizaciones delincuenciales.
Presión.
El escenario todavía puede complicarse más si desde Washington deciden endurecer su postura en los próximos meses. La relación bilateral atraviesa un momento delicado y el combate al narcotráfico se ha convertido en prioridad para el gobierno norteamericano, y bajo esa lógica, difícilmente permitirán que este expediente quede archivado o congelado indefinidamente; por eso el margen de maniobra para el Gobierno Federal comienza a reducirse aceleradamente; de hecho ya no basta con descalificar a la oposición ni acusar campañas mediáticas, ahora se requieren decisiones concretas que permitan recuperar algo de credibilidad institucional.
